Se amplía el debate tributario y expertos apuntan a terminar con renta presunta y exenciones

La efervescencia que se vive en las calles por estos días ha ampliado las demandas sociales a distintos tópicos -nueva Constitución, frenar las alzas de los peajes, aumentar las pensiones, entre otros-, siendo uno de ellos una modificación al sistema tributario que aumente la progresividad y asegure el financiamiento del mayor gasto social.

Esto, considerando que solo el primer paquete de medidas de la denominada "nueva agenda social" del gobierno implica recursos por US$ 1.200 millones para 2020.

El debate sobre el sistema tributario está abierto entre los expertos: el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya desechó la integración del sistema propuesta en el proyecto inicial; y también teniendo a la vista la evidencia. En recaudación, el país se basa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que recae sobre todos los consumidores y que representa el 41,2% de los ingresos tributarios del país, más del doble en relación a la OCDE. En cambio, lo ingresado a arcas públicas por tributos personales representa apenas un tercio de la estructura promedio del denominado "grupo de los países ricos" (8,8% versus 23,8%).

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic & Cía y alianza con Fontaine & Cía. Michel Jorratt, socio de Jorratt y Asociados y ex director del SII. Claudio Agostini, académico de la Escuela de Gobierno de la UAI. Soledad Recabarren, socio de Recabarren & Asociados.

Las miradas en la renta presunta

El régimen de presunción de rentas implica un costo fiscal de US$ 300 millones por año. En la práctica, establece que contribuyentes pequeños de sectores como minería, transportes y agricultura con ventas anuales por hasta 9 mil UF pagan impuestos por el valor de sus activos, no por sus ingresos. El académico de la UAI Claudio Agostini apunta a eliminar dicho régimen, ya que "favorece al 5% de más altos ingresos" y genera "muchos espacios de evasión y elusión".

En aquello coincide el socio de Tax & Legal de BDO, Cristián Vargas, quien argumenta que "dichos sistemas no se justifican en la realidad económica actual". Eso sí, advierte que antes de cualquier ajuste en el sistema impositivo se debe priorizar una "mayor eficiencia en el gasto público, a fin de garantizar un real acceso a bienes para los sectores vulnerables".

El socio de Bruzzone & González y académico de la UAI, Francisco Saffie, apunta a que para darle más progresividad al sistema se debiese aplicar un impuesto a las herencias "con una tasa más alta", además de modificar el esquema de contribuciones de bienes raíces, "adecuado a la capacidad contributiva, que no sea un impuesto patrimonial y quizá complementado con un impuesto a las plusvalías inmuebles".

El exdirector del SII y socio de Jorratt y Asociados, Michel Jorratt, va más allá: plantea la necesidad de que el sistema se desintegre completamente, lo que implica que el impuesto corporativo y el personal estén en "carriles separados", estableciéndose una tasa más alta para el tributo corporativo (que podría ser en torno a 30%) y un gravamen a los retiros de utilidades.

La socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, apunta a establecer que los fondos de pensiones puedan acceder al beneficio de usar como crédito el impuesto de Primera Categoría que pagan por los dividendos que perciben de las inversiones que realizan en favor de los afiliados: "Hoy, este debe ser uno de los puntos más desequilibrados de nuestro sistema tributario. Hasta a los contribuyentes que se portan mal le reconocen los impuestos pagados. A los jubilados en cambio no se les reconoce nada".

El socio de Jaque & Orellana, Javier Jaque, apunta a algunas exenciones de las que gozan las rentas del capital por sobre las del trabajo, lo que genera un "desbalance" entre ambos ingresos. Aquello, dice, se podría complementar con una tasa de 30% del impuesto corporativo, lo que recaudaría alrededor de US$ 1.000 millones y se enfocaría en 10 mil contribuyentes que declaran renta.

¿Y los combustibles?

Vargas señala que un camino debe ser aumentar desde 1,5 UTM a 6 UTM el impuesto específico al diésel, igualándolo con las bencinas.

Agostini señala que dicha medida lograría una recaudación de US$ 1.860 millones y podría financiar un aumento de $ 65.000 en la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. "Eso beneficia a casi 1.500.000 personas, a las que en promedio les subiría su pensión en 59%", dice.

IVA e incentivos para promover la capacitación

El académico de la U. Alberto Hurtado, Humberto Borges, considera que se debe "reformular" el IVA, tomando el ejemplo de algunos países europeos que establecen dicho gravamen de manera "diferenciada".

"En este sentido, hay que crear una canasta básica con productos elementales: alimentos, educación y medicamentos afectos a una tasa del 5% (excluyendo alimentos altos en azúcares y grasas saturadas), en el caso de los demás productos serían afectados con el actual 19%", propone.

Por su parte, la socia de Recabarren & Asociados, Soledad Recabarren, asegura que deben rediseñarse los mecanismos tributarios de incentivo a la capacitación.

"Se debe incentivar la inversión en capital humano, más que la inversión en activo fijo. Por ejemplo, generar mayores o nuevos estímulos para que las empresas capaciten a sus trabajadores y para que desarrollen nuevos talentos que entreguen un valor agregado al negocio", enfatiza.

Sólo seis de 35 países de la OCDE tienen un impuesto a los altos patrimonios

Uno de los debates que se ha instalado en el país, a raíz de la crisis social y la necesidad de un mayor gasto fiscal para financiar desembolsos en bienes públicos como salud, educación y pensiones, es aplicar un impuesto enfocado en el 1% más rico de la población.
En el marco del reinicio de la discusión de la reforma tributaria, senadores opositores han insistido en dicha propuesta en contraposición al aumento desde 35% a 40% del impuesto personal que propuso el Ejecutivo, con lo que busca recaudar US$ 160 millones.
Un informe elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con información a 2018, identifica que en seis de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se aplica un tributo a la riqueza, que grava el patrimonio personal de los individuos. Ello ocurre en España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suiza.
En América Latina y el Caribe, se implementa en cuatro naciones: Argentina, Colombia, Uruguay y Guyana.
Acorde con el reporte, las recaudaciones por este tipo de impuesto son "muy poco significativas", siendo Suiza el único país que registra un monto importante (el 1% del PIB en 2015).
Las tasas son siempre "moderadas", asegura el CIAT. El nivel más alto se observa en España, con un techo de 2,5% a partir de un patrimonio de US$ 12,2 millones, pero todos los demás países se sitúan en tasas al menos un 40% inferiores. "De modo que la tasa máxima en los restantes países no sobrepasa el 1,5%. Además, no hay una pauta clara en cuanto a la configuración de la tarifa, y algunos países eligen tasas únicas frente a otros que prefieren una escala progresiva", asegura el documento.
Generalmente, el contribuyente del impuesto es la persona física, la cual es gravada en su país de residencia por su patrimonio neto mundial.
El documento del CIAT advierte que de la aplicación del tributo al patrimonio personal se derivan algunos efectos negativos, pero no concluyentes.
"Se aduce la ineficiencia del impuesto, principalmente por sus efectos negativos sobre el crecimiento económico, la inversión, el ahorro y el emprendimiento, aunque alguna característica actúa en la dirección contraria, como el compelir a los contribuyentes a un uso más eficiente de sus activos para aumentar su rentabilidad financiero-fiscal y además los análisis empíricos respecto al efecto negativo del IRI sobre el ahorro/inversión/consumo no son concluyentes", dice el texto.