Sólo seis de 35 países de la OCDE tienen un impuesto a los altos patrimonios

Uno de los debates que se ha instalado en el país, a raíz de la crisis social y la necesidad de un mayor gasto fiscal para financiar desembolsos en bienes públicos como salud, educación y pensiones, es aplicar un impuesto enfocado en el 1% más rico de la población.

En el marco del reinicio de la discusión de la reforma tributaria, senadores opositores han insistido en dicha propuesta en contraposición al aumento desde 35% a 40% del impuesto personal que propuso el Ejecutivo, con lo que busca recaudar US$ 160 millones.

Un informe elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con información a 2018, identifica que en seis de los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se aplica un tributo a la riqueza, que grava el patrimonio personal de los individuos. Ello ocurre en España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suiza.

En América Latina y el Caribe, se implementa en cuatro naciones: Argentina, Colombia, Uruguay y Guyana.

Acorde con el reporte, las recaudaciones por este tipo de impuesto son “muy poco significativas”, siendo Suiza el único país que registra un monto importante (el 1% del PIB en 2015).

Las tasas son siempre “moderadas”, asegura el CIAT. El nivel más alto se observa en España, con un techo de 2,5% a partir de un patrimonio de US$ 12,2 millones, pero todos los demás países se sitúan en tasas al menos un 40% inferiores. “De modo que la tasa máxima en los restantes países no sobrepasa el 1,5%. Además, no hay una pauta clara en cuanto a la configuración de la tarifa, y algunos países eligen tasas únicas frente a otros que prefieren una escala progresiva”, asegura el documento.

Generalmente, el contribuyente del impuesto es la persona física, la cual es gravada en su país de residencia por su patrimonio neto mundial.

El documento del CIAT advierte que de la aplicación del tributo al patrimonio personal se derivan algunos efectos negativos, pero no concluyentes.

“Se aduce la ineficiencia del impuesto, principalmente por sus efectos negativos sobre el crecimiento económico, la inversión, el ahorro y el emprendimiento, aunque alguna característica actúa en la dirección contraria, como el compelir a los contribuyentes a un uso más eficiente de sus activos para aumentar su rentabilidad financiero-fiscal y además los análisis empíricos respecto al efecto negativo del IRI sobre el ahorro/inversión/consumo no son concluyentes”, dice el texto.