Cambios al sistema ADP: pone fin a cargos transitorios y provisionales

La reducción del impacto de los cambios de gobierno en el sistema y con ello la eliminación de las figuras de los cargos transitorios y provisionales, los que serán reemplazados por los “subro- gantes legales”, son algunos de los cambios que comenzarán a regir con la Ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), promulgada ayer por la presidenta de la República, Michelle Bachelet.

La normativa que es parte de la agenda de transparencia y probidad impulsada por el gobierno, también faculta a los presidentes de la República para que en los tres primeros meses de su mandato designe directamente un máximo de 12 cargos de primer nivel, además que permite suspender la obligación de concursar cargos vacantes durante los últimos ocho meses de un gobierno, esto último eso sí con acuerdo del Consejo de Alta Dirección Pública.

En ese sentido la mandataria destacó que “esta ley es parte de este impulso transformador, que es la Agenda de Transparencia y Probidad. Y su objetivo, justamente, busca fortalecer nuestra democracia y erradicar malas prácticas en la política y en los negocios. Y para ello se ha propuesto aumentar y fortalecer la calidad, integridad y transparencia de quienes trabajan en el servicio público, para avanzar hacia un mejor Estado al servicio de la ciudadanía”.

En lo que respecta al perfeccionamiento del sistema de ADP, la ley establece la ampliación de la cobertura del sistema, incorporando el primer y segundo nivel además de directores regionales de: Odepa, Injuv, Senama, Conadi, Dirección del Trabajo y Fonasa. A lo que se suma el primer nivel y directores regionales del Sename; los subdirectores del Servicio Civil y SERVIU Metropolitano; entre otros.

En cifras, el número de servicios adscritos a la ADP llega a los 125, mientras que el número de cargos asciende a los 1089.

A su vez se reafirma el rol del Consejo de la ADP, como regulador del sistema, estableciendo entre otros un mecanismo anual de rendición de cuentas entre el gobierno y el Congreso, generando así un ejercicio de accountability que le permitirá a los parlamentarios monitorear el impacto del nuevo marco normativo y los avances del sistema.

Asimismo se aceleran los procesos de selección al definir plazos a una serie de actuaciones de la autoridad, como: informar la vacancia de los cargos; definir el porcentaje de asignación de ADP; designar a representantes de la autoridad ante los comités de selección; o pronunciarse sobre la nómina sometida a su consideración. También se institucionalizan nuevos procedimientos en los procesos de selección, por ejemplo, con un banco de candidatos que permite invitar a participar en determinados concursos a quienes hayan postulado previamente y posean un perfil consistente con el cargo que se debe proveer.