Gobierno y polémica por indemnizaciones: “se mantiene intacto el actual sistema”

El ministro (s) de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió ayer a aclarar la polémica que se formó en torno a la propuesta que estudia el Ejecutivo de implementar un sistema alternativo de indemnización a todo evento, esto es, sin importar la razón del despido.

Según precisó la autoridad, dicha medida se encuentra en "evaluación" y su implementación no afectaría ni modificaría al sistema actual por años de servicio. "En ningún momento vamos hacer un cambio que vaya en contra de los trabajadores", enfatizó.

Lo que se está analizando es la forma de ayudar a que quienes deciden eventual y voluntariamente dejar de trabajar tengan algún tipo de indemnización. "Eso hoy no ocurre. Eso es lo que estamos tratando de explorar, pero es una decisión que todavía no está tomada", explicó Cerda.

En la actualidad, las indemnizaciones por años de servicio -sistema que fue modificado en 1981- implica que una empresa que despide a un trabajador debe pagarle una compensación que corresponde a una remuneración mensual, con un máximo de 90 UF y un tope de 11 meses.

La idea del Ejecutivo sería implementar una figura alternativa a todo evento para, por ejemplo, aquellos trabajadores que deciden cambiarse de empleo voluntariamente y no lo hacen por temor a peder la indemnización por antigüedad.

"Todavía está completamente en estudio. Es un proyecto que todavía no ha ingresado al Congreso y por lo tanto está bajo análisis", aseguró Cerda.

¿Qué implica esto? "Significa simplemente que todavía está en reflexión dentro del gobierno. Lo que nosotros estamos buscando es de todas formas que el mercado laboral de alguna forma se agilice pero sobretodo tratando de preservar los derechos de los trabajadores", respondió.

Las fórmulas

Cercanos a trabajo reconocen que implementar un mecanismo a todo evento significaría un costo adicional a las empresas. Para justamente equilibrar este punto, el Ejecutivo aún se encontraría analizando la fórmula a implementar.

Una de las alternativas que estaría evaluando el Gobierno es replicar la indemnización especial que tienen las trabajadoras de casa particular, las que tienen derecho a gozar de una indemnización a todo evento.

Dicho mecanismo se financia con un aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración bruta mensual del trabajadora, con un tope de 11 años. La propuesta a todo evento que analiza el Ejecutivo replicaría este modelo.

Ayer, y justamente respondiendo a la polémica , el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, precisó en Twitter a un usuario que la propuesta que está evaluando el Gobierno "mantiene intacto actual sistema a todos los que prefieran", y aseguró que el sistema a todo evento se pagará desde el primer mes, con idéntico tope de 11 meses, será heredable y con rentabilidad.

Pese a estar aun de vacaciones, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, también hizo aclaraciones a través de su cuenta en Twitter, sobre el tema, recalcó que la propuesta que evalúa el Gobierno "es indemnización a todo evento, independiente de causal de término, incluida renuncia, mutuo acuerdo o despido por faltas". Agregando que dichos trabajadores no tienen derecho a indemnización.

Con respecto al ingreso del proyecto de modernización laboral, la iniciativa ingresaría a inicios de marzo y aún se desconoce si la propuesta incluirá o no la creación de un sistema de indemnización a todo evento.

La propuesta que elaboró la mesa técnica

Un exhaustivo análisis del sistema de indemnizaciones hizo la mesa técnica de expertos que convocó el Ministerio del Trabajo en octubre. Y en el informe que elaboró el grupo de académicos -entre ellos Andrea Repetto, Joseph Ramos, David Bravo, Manuel Agosin, Raphael Bergoeing, entre otros- plantearon que Chile aparece en distintos rankings entre los países con mayores rigideces para el despido, ejemplificando que según el Foro Económico Mundial, Chile ocupa el lugar 112 entre 137 países.
Además, aseguraron que en el país "el sistema de indemnización es innecesariamente costoso tanto para el trabajador como para el empleador", complejizando, además, la movilidad laboral.
En ese contexto, los académicos recomendaron al Gobierno "la necesidad de hacer cambios al actual sistema indemnizatorio, tendiendo a ampliar los mecanismos de acceso, el conjunto de trabajadores que perciben una indemnización al término de su contrato de trabajo y a reducir la judicialización en las relaciones laborales".
El grupo de expertos agregó en su oportunidad que es "importante estudiar una eventual reforma al actual sistema de indemnización en conjunto con una mejora sustancial al seguro de cesantía y al sistema de capacitación para los trabajadores que se quedan sin empleo".
El argumento detrás de dicho cambio, a juicio de los expertos, tendría origen en que el diseño del sistema de indemnización por años de servicio se creó en un contexto en donde no existía seguro de cesantía. Este tema también fue abordado en el informe "+100 Propuestas para el Desarrollo Integral de Chile", en el cual diversos actores del mercado laboral plantearon perfeccionar el sistema de indemnizaciones de la mano con un subsidio de desempleo "más generoso, mejorando la cobertura y protección de los trabajadores, sin afectar los incentivos a la generación y a la búsqueda de empleos".