Exasesora previsional de Bachelet: “El retiro de fondos debiese ser de última instancia... el costo lo pagarían los trabajadores" más vulnerables

Cada vez toma más fuerza la posibilidad de que los afiliados puedan retirar parte de sus ahorros previsionales para enfrentar el impacto económico que ha generado la pandemia.

De hecho, hoy la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutirá -hasta total despacho- la iniciativa que modifica la Carta Fundamental y abre la puerta a rescatar un porcentaje de los fondos de AFP durante el estado de catástrofe.

Sin embargo, a la economista y asesora de la oposición en la mesa técnica de la reforma previsional, Paula Benavides, no le parece una buena idea. “El retiro de fondos debiese ser de última instancia, ya que de una u otra forma, el costo lo pagarían los trabajadores con menores pensiones y mayor pobreza”, advierte la excoordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior, donde fue una de las ideólogas de la reforma previsional junto con Rodrigo Valdés.

Enfatiza que hoy es urgente continuar con la tramitación de la reforma de pensiones, hoy en el Senado.

También hace hincapié en otro factor que poco se ha tomado en cuenta: “La deuda es hoy una fuente de angustia para muchas familias de ingresos medios y bajos. En 2017, el hogar mediano destinaba un 25% de su ingreso a pagar deuda todos los meses y el stock de deuda de los hogares en 2019 alcanzó a 75% del ingreso disponible anual y seguirá aumentando con la crisis”, recalca.

Las tres medidas

La economista plantea tres alternativas para ayudar a la clase media y especialmente a las mujeres, las cuales, dice, “no reemplazan toda la discusión, sino que son opciones concretas que permiten ir en ayuda rápido, dentro de una lógica de lo que es un sistema de pensiones”.

Una idea es flexibilizar los requisitos del retiro anticipado, ya que según Benavides cerca de 800 mil personas están a cerca de cinco años de la edad legal de retiro. Hoy, se exige tener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles en los últimos diez años y obtener una pensión igual o superior al 80% de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) vigente a la fecha de la solicitud de pensión.

Benavides recuerda que en diciembre se aumentó en 50% el Pilar Solidario, lo que provocó que la PMAS también subiera. Se ubicaba en $ 325.646 y hoy asciende a $ 407.058 a los 65 años. En enero del 2022 ascenderá a $ 488.469.

“Los requisitos quedaron muy duros por el reajuste de la PMAS y puede que haya mucha gente que quede sin trabajo y no tenga una opción de pensionarse anticipadamente. No es eliminar los requisitos, sino revisarlos para que queden en un nivel adecuado. Se podría establecer que se rebaje el requisito del 80% de la PMAS, porque es un requisito que de un día para otro aumentó 50%, se podría volver al nivel de antes”, indica.

Otra propuesta es generar un fondo colectivo para emergencias con los recursos que no se han podido asignar como rezagos y herencias no cobradas, que sumaría US$ 450 millones. “Este fondo podría representar un mes de arriendo (de unos $ 350 mil) para cerca de 1 millón familias y los recursos podrían distribuirse con criterios de solidaridad”, asegura.

La última medida es facultar el retiro de Ahorro Previsional Voluntario (APV) hasta un monto máximo por persona sin castigo y sin pérdida del 15% de aporte fiscal para la clase media.

“El APV para la clase media (régimen A) ha crecido mucho en los últimos años y ahí hay alrededor de US$ 1.400 millones. La idea de esta propuesta no es hacer más gasto, sino que es una bonificación que ya existe y no castigar a las personas que quieren usar estos recursos para enfrentar la emergencia.”, sostiene.

Sus cuestionamientos a las ideas de
retirar parte de los fondos de pensiones

La economista explica los riesgos y las razones de por qué las otras ideas
en discusión no son óptimas.

• Retiro del 10% de los fondos compensado con un bono de reconocimiento del Fisco: Si el retiro es compensado con un bono de reconocimiento, la discusión es sobre el diseño de un beneficio de cargo fiscal, señala. "En ese caso sería uno muy regresivo, ya que la mitad de los afiliados tiene menos de $ 4 millones de saldo, y beneficiaría principalmente a los hombres. Además, institucionalmente abriría el riesgo de un uso político del sistema de pensiones, ya que el Estado se estaría endeudando por ley con los fondos de seguridad social para financiar beneficios fiscales. El interés devengando sería también un gasto superior al costo de ir al mercado de capitales", cuestiona.
• Que el retiro sea devuelto como un crédito: Benavides indica que si se establece como crédito, "la probabilidad de que se pague es baja, considerando el nivel de endeudamiento de las familias y que en los próximos años la tasa de cotización aumentará, con cualquier reforma. Por lo tanto, con alta probabilidad afectaría las pensiones".
• Sacar dinero a cambio de postergar edad de jubilación: la experta señala que para la mayoría este no sería un mecanismo factible, ya que se necesitaría bastante más que un año. "Por ejemplo, para una mujer de 55 años, con un saldo de $ 5 millones y que retira $ 1 millón, ella debería postergar su jubilación hasta cerca de los 64 años. Si muchos toman esa opción, se producirá un aumento en la edad de retiro, sin una gradualidad adecuada, lo que se traduciría en desempleo, ya que el mercado laboral no podrá absorber esa demanda", advierte.