Proyecto para incorporar a trabajadoras de casa particular al Seguro de Cesantía avanza con rapidez y podría ser Ley esta semana

Con la presencia de la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, la comisión del ramo de la Cámara discutió el proyecto de ley que busca incluir a las trabajadoras de casa particular (TCP) al Seguro de Cesantía y, a la vez, mantener las cuentas individuales de indemnización que ellas ya tienen.

Pese a que la aprobación fue unánime, en la sesión se debatió sobre algunas indicaciones de la iniciativa que preocupan al gremio de trabajadoras.

En el contexto de la crisis sanitaria, Claudia Donaire, asesora legal del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular (Sincatrap), afirmó que la situación del gremio se ha visto muy afectada, ya que "entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres se da en el trabajo doméstico y la afectación por la pandemia ha sido dura. Son 120.000 empleos los que se han perdido y eso representa al 40% de los empleos del sector."

En este marco la presidenta de la Sincatrap, Luz Vidal, enfatizó en que la iniciativa del Ejecutivo es de vital importancia ya que va a "proteger a miles de mujeres en Chile que realizan una labor importantísima en la sociedad."

Los ejes del proyecto se centran en una redistribución de la cotización de un 4,11% que actualmente tienen las TCP en una Cuenta de Indemnización a todo evento, administrada por las AFP, y permite que un 3% de ese monto se destine al Seguro de Cesantía de la siguiente forma: 2,2% en la Cuenta Individual de Cesantía y 0,8% en el Fondo Solidario de Cesantía. De esta forma, la situación actual de las trabajadoras no varía porque sus empleadores seguirán cotizando lo mismo pero la distribución será diferente y, así, cotizarán con cargo al seguro de desempleo.

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La ministra Zaldívar afirmó que, con esta modificación a la ley, las trabajadoras tienen beneficio a "prácticamente un 100% más de lo que tienen actualmente" y mejora de forma integral la protección y cobertura en otros aspectos como es el de la salud y la asignación familiar.

Pese a que la aprobación a la propuesta fue unánime, las TCP presentaron observaciones respecto de la posibilidad de tener una ventanilla única.

Con relación al primer punto en discusión, las trabajadoras plantearon la necesidad de definir qué entidad administrará el fondo de indemnización, es decir, si este se mantendrá a cargo de las AFP o pasará a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Hugo Cifuentes, profesor de la UC y experto en seguridad social, expuso sobre este tema y planteó que si se mantienen en manos de las AFP "vamos a hacer que la trabajadora tenga que ir de ventanilla en ventanilla para tener que cobrar beneficios previsionales y lo que la seguridad social busca es que la persona tenga la menor cantidad de requisitos y de vueltas para obtener el pago de las prestaciones. Entonces lo más recomendable es avanzar a que todo sea gestionado por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía", afirmó.

La ministra Zaldívar descartó esta opción debido a que significaría un retraso de la implementación de la ley y, además, informó que constituye una "dificultad práctica con el contrato de licitación de la AFC: "El contrato es por diez años y estamos a dos años de que este venza. Por lo tanto, hoy día hacer una modificación que implica que la AFC genere una nueva cuenta, podría retrasarnos la implementación de este proyecto que es lo que nosotros no queremos."

La secretaria de Estado dijo que la forma más sencilla de solucionar la problemática es que se opere a través de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y así la trabajadora "hará el trámite solo en una ventanilla. Para que de esta forma las instituciones se organicen y le llegue el beneficio a la trabajadora de una sola vez", aseveró.

La segunda indicación presentada por la Sincatrap se relaciona con el artículo tercero transitorio del proyecto, el cual establece que la ley entrará en vigencia una vez que la Superintendencia de Pensiones dicte la normativa general para su implementación, trámite para el cual tiene quince días hábiles.

Respecto a este punto, las trabajadoras pidieron la posibilidad de disminuir el plazo para que el beneficio esté disponible en el menor tiempo posible.

En base a esta inquietud la ministra Zaldívar enfatizó en que el plazo ya se redujo en la discusión del Senado y que los quince días son el plazo máximo para que la superintendencia trabaje. Sin embargo, fue clara en decir que es irresponsable establecer un espacio de tiempo menor. "Por un tema administrativo creo que no sería correcto ponerle un plazo más acotado a la Superintendencia, son tres semanas para redactar algo que es muy relevante, vamos a hacer todo lo posible para que esté antes, pero creo que poner un plazo menor para un tema administrativo de esta envergadura no es correcto", dijo.

Luego de saldar estas diferencias, el proyecto se aprobó de forma unánime tanto en general como en particular y se despachó a la comisión de Hacienda de la Cámara para que se discuta hoy, previo a la votación en Sala fijada para este miércoles. En caso de aprobarse en la Corporación, estaría en condiciones de ser Ley incluso esta semana.