Avanzan en el Congreso los cambios que promueve el Gobierno a la regla fiscal

Por unanimidad se aprobaron ayer los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Así, la iniciativa presentada por el Gobierno a fines de septiembre -junto a la Ley de Presupuestos recientemente aprobada- supera la primera valla en su tramitación legislativa y avanza a la Sala.

“Quiero agradecer la votación del proyecto”, expresó la directora de Dipres, Cristina Torres, al cierre de la sesión.

Explicó que las modificaciones que propone el Ejecutivo se enmarcan en dar cuenta del compromiso con la regla fiscal consignando la situación actual de las finanzas públicas que ha profundizado su brecha para alcanzar la meta.

Como saldo de la pandemia se proyecta para este año que en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) se registre un déficit fiscal estructural de 11,5% junto a un nivel de deuda bruta de 35%.

De mantenerse el ánimo de consenso que se reflejó entre los parlamentarios que integran la instancia, en la Sala y de replicarse en el Senado, esta sería la normativa que regirá para quien salga electo este 19 de diciembre.

Rayado de cancha

En su intervención, Torres remarcó que los cambios buscan “construir una mejor regla para lo que viene”, por lo que esperan desde el Ejecutivo una pronta tramitación en el Congreso.

La normativa establece que dentro de los 90 días posteriores a la instalación del Gobierno de turno dé a conocer su meta de balance estructural, y agrega que esta debe estar supeditada a la posición financiera neta. Es decir, deberá reflejar la relación entre los activos del Tesoro -que son los de mayor liquidez- menos la deuda bruta.

Bajo esta lógica, la propuesta obliga a los gobiernos a explicitar la real capacidad financiera del Estado para asegurar una regla que, por una parte, reconoce que los activos son fuente de financiamiento en épocas de crisis; y, por otra, que la merma de ellos daña la solvencia del Estado.

En cuanto a las cláusulas de escape, la inciativa contempla la posibilidad de formalizar un camino para los períodos en que sea necesario desviarse de la meta prevista en la política fiscal. Desde la crisis financiera de 2009 el ajuste ha sido esquivo.

Quien dictará las modificaciones será el Presidente de la República, sólo en el caso de “eventos transitorios” que deterioren “gravemente” el potencial de la actividad económica y el empleo. Además, deberá especificar un plazo máximo por el cual se desviará junto a los detalles de cómo volverá a converger. Al cabo de dos años, tendrá que rendir cuentas ante el Congreso.