Hacienda saca al pizarrón a programas evaluados y pide datos a ministerios

La agenda de austeridad del Ejecutivo, que considera un ajuste del gasto público por US$ 4.600 millones en cuatro años a través de diversas medidas, ha estado en entredicho por el polémico viaje -con fondos públicos- que realizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la Universidad de Harvard.

En medio de la discusión, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha continuado con el aterrizaje de las medidas para ajustar el gasto fiscal, plan en el cual los programas ministeriales y de servicios públicos mal evaluados tendrán un rol clave.

Aquello se refleja en que el 5 de abril 132 reparticiones públicas recibieron un oficio del director de Dipres, Rodrigo Cerda, en el cual se les solicita remitir una serie de antecedentes sobre los programas sometidos a escrutinio en el período 2014-2017.

“Con la finalidad de conocer el esfuerzo que hace el Estado en términos de evaluación de programas y de disponer de información para apoyar la toma de decisión en la asignación de recursos públicos, se solicita reportar las evaluaciones a programas públicos impulsados directamente por la institución que usted dirige, dentro del período 2014-2017”, reza el documento.

En concreto, la Dipres requiere el nombre del programa sometido a escrutinio, si corresponde a mediciones de implementación, satisfacción usuaria, calidad o resultados; el estado actual de la evaluación; y los recursos empleados en llevar a cabo la evaluación, entre otros antecedentes.

El plazo para remitir dichos antecedentes vencía el 23 de abril, 12 días antes de que Larraín y Cerda anunciaran el nuevo plan de ajuste del gasto público, que complementaba anuncios previos como los

US$ 500 millones en recortes en gastos administrativos y el instructivo de austeridad para más de 30 empresas públicas.

Las iniciativas en cuestión

En la conferencia de prensa realizada el viernes 4 de mayo en el Ministerio de Hacienda, las autoridades informaron que dentro del plan de ajuste, los recortes a programas públicos ascenderán a US$ 320 millones en el período 2018-2021, a razón de US$ 80 millones por año.

Eso sí, el ministro Larraín enfatizó que “ningún programa bien evaluado tendrá recortes en sus recursos”.

Según información de la Dipres, entre 2014 y 2017 se sometieron a análisis 87 iniciativas, al alero del mecanismo Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG).

Del total, 53 de los programas fueron evaluados con un “desempeño insuficiente”, lo que equivale a casi un 61%. Entre dichas iniciativas se incluyen programas emblemáticos como la Beca Presidente de la República (Educación), Recuperación de Barrios (Vivienda), Programa Integral de Violencia contra las Mujeres (Mujer y Equidad de Género) y de Apoyo a la Reinserción Social Juvenil (Justicia), entre otras.

Mientras que en el mismo período, 27 programas fueron calificados como “suficiente” (31% del total) y apenas cuatro tuvieron un calificativo de “buen desempeño” (4,6%). El resto de las iniciativas analizadas no tuvieron resultados concluyentes.

Un informe de Libertad y Desarrollo (LyD) calcula que solo en 2017, el Fisco destino US$ 290 millones a programas mal evaluados.

Autoridad consulta por medidas para evitar excesos de gasto

El pasado 23 de abril, un total de 150 reparticiones públicas recibió un nuevo oficio del director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, solicitándoles información. ¿El tema? El uso de las denominadas "funcionalidades complementarias" de parte de las instituciones, las cuales apuntan a sistematizar una serie de informaciones útiles para la gestión financiera del Estado.
En esta línea, el texto buscaba establecer qué tipo de medidas están siendo utilizadas por los ministerios y cuáles no.
En concreto, la autoridad consultó por el uso de ocho funcionalidades: transferencia electrónica de fondos, traspaso de cartera, cuentas de orden, créditos internacionales, conciliación bancaria, banco de bienes, interoperabilidad y la parametrización del exceso presupuestario.
Justamente este último punto es uno de los más relevantes para la gestión financiera del Estado, ya que permite determinar los montos de exceso en la ejecución presupuestaria sobre la ley aprobada.
Este tema ha aumentado su relevancia en las últimas semanas, a propósito de la polémica por los US$ 5.500 millones en gastos sin financiamiento que denunció el Ministerio de Hacienda que delegó la administración anterior para el período 2018-2021.
De dichos montos, parte importante se los llevaba el sector Salud, debido a la sobreejecución del gasto en los servicios hospitalarios a lo largo del país.
De hecho, el oficio también fue remitido a los 32 servicios de salud a lo largo del país.
"La División de Tecnologías de la Información de Dipres, responsable del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, a través de sus equipos técnicos ha realizado una revisión del uso de funcionalidades complementarias por parte de las instituciones, determinando que algunas de ellas no están siendo utilizadas por los servicios", señala Cerda en el documento, en el que concluye recalcando que es de "vital importancia" la respuesta al oficio.