Macro

Pese a fuerte alza, deuda pública en Chile se ubica por debajo del promedio de América Latina

Informe de la Cepal ubica al país con el tercer menor ratio deuda/PIB entre 18 países de la zona. Eso sí, fue uno de los pocos en la región que incrementó su déficit fiscal efectivo en el período 2016/2017.

Por: Sebastián Valdenegro Toro | Publicado: Martes 27 de marzo de 2018 a las 04:00 hrs.
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La deuda pública ha sido uno de los grandes dolores de la cabeza para las autoridades económicas chilenas en los últimos cuatro años. Desde 2013, los acreencias fiscales se han duplicado, pasando de US$ 33.000 millones a US$ 66.000 millones a diciembre del año pasado. Su peso en relación al Producto Interno Bruto (PIB) también se ha doblado en dicho período, pasando de 12,7% a 24% .

Esta tendencia fue una de las razones que llevó a las agencias S&P y Fitch a recortar la nota soberana el año pasado por primera vez desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, al compararnos frente al resto de América Latina y el Caribe, al parecer el escenario no es tan adverso como pareciera. Así se concluye del último informe fiscal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que revela que más allá del deterioro significativo de las cuentas públicas en el país, aún está lejos del promedio de la zona.

En concreto, el 24% del Producto de deuda pública bruta en Chile está 14 puntos porcentuales por debajo del promedio regional (considerando 18 países), lejos del nivel más alto de acreencias –el 74% del PIB de Brasil- y, de hecho, es la tercera economía de la región con el ratio más bajo, siendo superado solo por Perú y Paraguay (ver gráficos).

Pero no todas las cifras son tan positivas para el Fisco chileno. El informe del organismo dependiente de Naciones Unidas enfatiza que Chile fue el tercer país de América Latina que más incrementó su endeudamiento público entre 2016 y 2017, al subir el equivalente a 2,5 puntos del PIB en el ejercicio, siendo superado solo por Ecuador (4,4 puntos) y Brasil (4 puntos).

De esta manera, el alza de la deuda en Chile entre 2016 y 2017 estuvo por encima del promedio de la zona, que fue de apenas 1,4 punto porcentual de Producto. El informe de la Cepal considera como parte de América Latina a Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Colombia, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Haití, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú.

“Este escenario muestra que el nivel de endeudamiento de América del Sur ha aumentado mucho desde 2015 e, incluso, sobrepasó la tasa promedio de deuda pública de Centroamérica durante 2017”, plantea el informe del organismo.

En concreto, dicha zona geográfica -que contempla 13 países caribeños- registró una caída de 1,5 puntos porcentuales en su endeudamiento fiscal bruto, ubicándose –eso sí- en niveles muy superiores al total de Latam: 70,9% del tamaño de las respectivas economías. Jamaica y Barbados lideran el ranking, con compromisos fiscales superiores al tamaño de su Producto.

Política más ajustada

El reporte del organismo multilateral enfatizó que la región continuó en 2017 la tendencia hacia la “consolidación” de las finanzas públicas, pero que la recuperación del espacio fiscal “ha sido gradual”. De esta manera, la Cepal identificó ocho naciones que “endurecieron” su política fiscal el año pasado, mientras que cuatro la mantuvieron neutra y cinco la “relajaron” en el último ejercicio.

Esto se reflejó en que el déficit fiscal efectivo tendió a reducirse en la zona, pasando de un saldo negativo de 3,1% del PIB en 2016 a 2,9% el año pasado.

Eso sí, Chile fue uno de los pocos países de la zona que incrementó su déficit fiscal efectivo en el período, el que se situó en 2,8% del PIB -su nivel más alto desde 2009-, siendo junto a Perú y Paraguay las naciones que mostraron un deterioro en dicho indicador en el período.

En contraposición, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay redujeron su saldo negativo el año pasado en relación a 2016.


Debate por déficit: Sanhueza "corrige" al exministro Eyzaguirre

No tuvo mucho respiro el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, con la defensa que expuso a través de una columna en El Mercurio el sábado, en medio del mayor déficit estructural informado por el anterior gobierno. Tras exponer 11 puntos en un texto que tituló "Precisiones sobre resultados fiscales de 2017", al día siguiente en el mismo medio el vicepresidente del Consejo Fiscal Asesor, Gonzalo Sanhueza, aclaró una "serie de imprecisiones", partiendo por la fecha en que la instancia detectó e informó el error: no fue en febrero, sino a fines de enero.

Luego, detalló que como parte de la regla fiscal vigente en Chile los ingresos fiscales efectivos se ajustan por el ciclo económico, definido este como desviaciones del PIB respecto de su nivel de tendencia y del precio del cobre respecto de su nivel de referencia de largo plazo. "La regla fiscal no corrige los ingresos efectivos por elementos considerados transitorios, como plantea el ex ministro", advirtió.

Tercero, dijo, si bien es correcto que los traspasos de Codelco al Fisco fueron menores en 2017 debido a las pérdidas registradas en años previos, "es incorrecto señalar que la metodología vigente descuenta los ingresos no recibidos por el Fisco".

"No es correcto asegurar que el déficit estructural mejorará automáticamente y usar este argumento para minimizar la importancia de haber cerrado el año con un déficit estructural 0,4% del PIB mayor a lo informado previamente", dijo. Lo anterior, afirmó, significa que el punto de partida para el nuevo gobierno es peor del pensado y el esfuerzo fiscal deberá ser mayor.


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No solo Chile: implementación de reformas tributarias se hicieron eco en la región durante 2017

Ecuador, Uruguay y Argentina llevaron a cabo modificaciones a su sistema impositivo, buscando distintos fines.

Como "activismo tributario" define la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la tendencia de los países de la región a realizar modificaciones -de distinto corte- a sus sistemas impositivos. Y en 2017, la región mantuvo "un alto ritmo" en este terreno, según el reporte del organismo.

En total, siete países aplicaron cambios a sus regímenes, partiendo por Argentina, nación que según Cepal implementó la reforma "más amplia" de 2017.

En concreto, el país trasandino aplicó una rebaja escalonada del impuesto a las ganancias a las sociedades, pasando de 35% este año a 30% en 2019 y 25% desde 2021. Con la idea de incentivar la reinversión de utilidades, se creó una retención de 7% a las distribuciones de ganancias entre 2018 y 2019, el que se incrementará a 13% desde 2010.

Adicionalmente, se introdujo un impuesto a la renta financiera de las personas físicas, cuyas fuentes estaban exentas con anterioridad. Se eliminó el impuesto a la transferencia de inmuebles y se introdujo un gravamen a las ganancias de capital por la venta de dichos bienes. Se redujo de 21% a 10,5% el IVA a la carne de pollo, cerdo y conejo.

En Ecuador, en tanto, se aprobó una reforma que incrementó de 22% a 25% el impuesto a las empresas, pero con una rebaja de tres puntos porcentuales para las microempresas y los exportadores. Se creó una deducción del 10% para las microempresas por compras a compañías de economía popular y solidaria, mientras que en la agricultura se derogó el impuesto a las tierras rurales y se incluyó una exención del IVA para las actividades de riego y drenaje.

En Uruguay, por su parte, se aumentó en 12% el impuesto específico a los cigarrillos.
Adicionalmente, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay firmaron la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Argentina y Brasil firmaron un Protocolo de Enmienda al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la Renta. Ecuador, El Salvador y Uruguay crearon o modificaron sus listas de jurisdicciones de baja o nula imposición, o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

En República Dominicana, por último, se estableció la obligación de divulgar información sobre el propietario efectivo final (ultimate beneficial owner) como parte de la declaración jurada del impuesto sobre la renta de las sociedades, lo que condice con la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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