Plan de emergencia: Consejo Fiscal cree que hay espacio para medidas adicionales pero advierte que condición principal es que sean "transitorias"

Semana clave para el acuerdo que negocian el gobierno y la oposición para sacar adelante un plan de emergencia para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía para los próximos 18 a 20 meses.

Hoy, continuarán las reuniones entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y los parlamentarios de la comisión de Hacienda ampliada, de cara a alcanzar un consenso hacia fines de esta semana en torno a tres ejes: reactivación económica, apoyo a los ingresos de las familias y los trabajadores, y un marco fiscal que permita retornar a la senda de responsabilidad una vez superada la emergencia.

La última entidad técnica en referirse al proceso es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). La instancia asesora del Ministerio de Hacienda en el desarrollo de la política fiscal publicó una nota en la que advirtió que si bien la situación de las arcas públicas es compleja, el Estado tiene espacio adicional de gasto para solventar las medidas necesarias para enfrentar la expansión del Covid-19.

"El Consejo identifica que existe espacio fiscal para adoptar medidas adicionales. Pero a la vez, siguiendo su mandato legal de contribuir con el manejo responsable de la política fiscal, propone un conjunto de elementos que, a su juicio, deben estar presentes en un acuerdo que sea fiscalmente sostenible", señala el documento del CFA, presidido por Jorge Desormeaux e integrado por los economistas Jorge Rodríguez Cabello, Paula Benavides, Gonzalo Sanhueza y Aldo Lema.

Así, entrega 10 lineamientos de cara al acuerdo nacional:

1. Las medidas que se defina implementar deben ser esencialmente transitorias.

2. El acuerdo debe contemplar el compromiso de retirar efectivamente estas medidas una vez concluida la crisis, siendo necesario establecer plazos máximos en las mismas normas que las creen.

3. Considerar reasignaciones de gastos no ejecutados en 2020 y ganancias de eficiencia para el financiamiento de las medidas.

4. Para el resto del financiamiento requerido, se sugiere explorar una combinación de utilización de ahorros y mayor deuda bruta en función de la conveniencia de las condiciones crediticias a las cuales pueda acceder el país y de la mantención de espacios de liquidez.

5. Las medidas extraordinarias incluidas en el marco máximo de gasto que se acuerde para 2020 y 2021, deben contemplar márgenes de flexibilidad en sus usos, que permitan ir adaptando el tipo, duración y retirada de las medidas, según sea requerido o cuando se cumplan condiciones predefinidas.

6. Para el marco máximo de gasto que se acuerde deben realizarse estimaciones de sus efectos sobre el balance estructural y la trayectoria de la deuda neta de mediano plazo, para evaluar su sostenibilidad.

7. Considerando que el acuerdo significará desvíos de las metas de balance estructural, es necesario que incluya un compromiso creíble y transversal para una senda posterior de convergencia hacia un equilibrio estructural, a un ritmo realista pero exigente.

8. Para fortalecer el marco de la institucionalidad fiscal, se recomienda complementar la regla de balance estructural (referida a flujos) con metas de convergencia de la deuda neta (referidas a stocks), a un nivel prudente y sostenible para un país emergente como Chile.

9. Dado que parte de las medidas implementadas para enfrentar la crisis, y otras que se pudieran agregar, inciden en los pasivos contingentes del Fisco, se debe continuar con su monitoreo exhaustivo.

10. Finalmente, se recomienda que el Gobierno dé cuenta periódica y detallada de los avances en la implementación de los planes definidos, junto con una proyección de sus efectos fiscales de corto, mediano y largo plazo.

"Estos elementos apuntan a que, una vez superada la crisis, se facilite el retorno a una senda de consolidación fiscal. Ello es fundamental, porque la experiencia nos muestra que nuestro país no estará exento de otras posibles crisis a futuro y que para enfrentarlas requeriremos reconstruir una posición fiscal sólida y mantener un bajo nivel de spread soberano y riesgo país. Ser fiscalmente responsables tiene efectos positivos en distintas variables, como el crecimiento económico, el empleo y el acceso a financiamiento en condiciones favorables, entre otras", concluye la entidad.