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Presidente Piñera estudia utilizar el 2% constitucional para financiar mayor gasto durante estado de catástrofe

Su potencial utilización dependerá de la evolución del coronavirus y si se van a requerir mayores recursos para enfrentar emergencia sanitaria.

Por: Rodolfo Carrasco | Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2020 a las 12:30 hrs.
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Luego de decretar el estado de catástrofe, el próximo paso que estaría estudiando el presidente de la República, Sebastián Piñera, es hacer uso del 2% constitucional para emergencias, lo que dependerá del avance del coronavirus en el país y de tener a disposición los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La Constitución en su artículo 32 número 20 establece que "el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país".

Se precisa que "el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos".

La Constitución también establece que "se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos".

Sin embargo, se hace una advertencia para el buen uso de los recursos "los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos".

El 2% constitucional ha sido utilizado en ocasiones muy especiales. En el año 2008 bajo el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet se utilizó para financiar el Transantiago, luego que el Tribunal Constitucional rechazara un crédito solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y ante la falta financiamiento del sistema de transporte público.

La primera vez que se utilizó este mecanismo fue en 1984 a raíz de las inundaciones en el país. Un año más tarde se echó mano a la alternativa para el terremoto de 1985 que afectó a Santiago y la zona central.

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