Presupuesto: acuerdo entre gobierno y oposición incluye crear un Registro Público de Beneficiarios Finales de las empresas en 2022

Cerca de las 5 de la mañana de hoy, el gobierno y la oposición lograron despachar el proyecto de Ley de Presupuestos desde el Senado, luego de alcanzar consensos en las partidas que fueron rechazadas en el trámite en la Cámara de Diputados, siendo las más controversiales las de Educación, Interior, Cultura, Ciencias y Viviendas, por citar algunas.

Ahora, el texto pasará a tercer trámite a la Cámara, donde todo anticipa que se rechazarán algunos puntos que llevarán a la iniciativa a una comisión mixta. El plazo límite para despacharlo a Ley es el martes 23 de noviembre.

Jeannette von Wolfersdorff, fundadora del Observatorio fiscal. Alberto Precht,
director ejecutivo de Chile Transparente,

Entre los puntos acordados por las partes se incorporó uno que tendrá implicancias no menores para el sector privado: en la partida del Ministerio de Hacienda, se visó un artículo que allana el camino para crear el próximo año un Registro Final de Beneficiarios de todas las empresas constituidas en el país, tanto del sector público como privado.

"El Ministerio de Hacienda informará sobre las medidas desarrolladas para implementar las recomendaciones del informe OCDE sobre el valor de instalar el Registro Público de Beneficiarios Finales. El informe incluirá, durante el año 2022, la implementación de las medidas legales y administrativas para concretar la creación de un Registro Público de Beneficiarios Finales de las personas jurídicas constituidas en Chile que permita prevenir la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, así como la evasión y elusión tributaria", señaló el artículo aprobado por los senadores.

De esta manera, se busca ampliar dicho registro a las compañías privadas, ya que hoy existe un proyecto de ley en el Congreso -enviado por el Ejecutivo- que lo limita solo a las compañías proveedoras del Estado.

El tema ganó notoriedad a partir de los reportajes conocidos como los "Pandora Papers", donde se denunció la existencia de empresas domiciliadas en paraísos fiscales utilizadas por personalidades del mundo de la política, el deporte y el espectáculo en todo el mundo, incluyendo el Presidente Sebastián Piñera y empresarios locales como Andrónico Luksic, Carlos Alberto Délano y Leonardo Farkas, por citar algunos.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, señala que el acuerdo implica ir más allá de los dos pasos iniciales que dio el Ejecutivo en la materia, luego de que solicitara un informe a la OCDE sobre la materia e ingresara al Congreso el proyecto que reforma la Ley de Compras Públicas.

"El compromiso de nuestro gobierno con la transparencia y el avance en la agenda de modernización ha sido total, incluso en un contexto tan complejo como la crisis social y económica derivadas del Covid, donde la prioridad ha estado en apoyar a cada familia chilena, a los trabajadores y a las Pymes", destaca.

ONGs valoran medida

La fundadora del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, ha sido una de las principales promotoras de la medida y valora que se haya incluido en su trámite en la Cámara Alta.

"Aunque fue suavizada por el Ejecutivo, la glosa igual mantiene su espíritu original en el sentido de exigirle al gobierno de turno mostrar avances concretos para crear un Registro de Beneficiarios Finales de Empresas en el año 2022. Post Pandora Papers y post estallido social, lo que se espera son compromisos concretos en la agenda de probidad, y es muy positivo que -pese a las resistencias del Ejecutivo y de los empresarios grandes- igual se muestran avances que ojalá terminan en un proyecto de ley para el próximo año", señala la economista.

Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, plantea que el espíritu de lo aprobado "va en lo correcto", pero considera que es "algo dilatorio".

"Está claro que Chile tiene que implementar ya un Registro de Beneficiarios Finales. Es más, tiene un anteproyecto elaborado por el gobierno, por el SII y la UAF que estuvo en consulta pública. Esperamos que el Ejecutivo, antes de que termine este período, efectivamente envíe un proyecto autónomo de creación de este registro y que efectivamente se cumpla con los estándares internacionales en esta materia. La Ley de Presupuestos no es el camino", advierte.