Constitucionalistas ven espacio para que el Ejecutivo vaya al TC por “súper ricos” y royalty

Como una situación “poco usual”, pero que no debiera marcar un precedente ante eventuales acciones de parte de la actual administración Piñera, calificaron distintos abogados la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inadmisible el requerimiento del Gobierno que buscaba impugnar el tercer retiro de fondos desde las AFP.

La directora de asuntos legislativos y jurídicos de Libertad y Desarrollo, Natalia González, sostuvo que el pronunciamiento fue de forma y no de fondo.

“El Presidente tiene el deber de ir ante el TC, si el Congreso avanza en esos proyectos”, dice sobre las otras iniciativas en curso en el Congreso. “El impuesto al patrimonio cada día establece más tributos, como el 30% a las megaempresas o eliminación de regímenes especiales. No veo razón alguna para que el Gobierno baje los brazos y no persevere en buscar los caminos jurídicos para defender la institucionalidad”, agrega.

Para la profesora de derecho de la UAH y socia de Sarmiento y Walker, Claudia Sarmiento, “hay que ser muy cauto” al analizar qué es lo que hizo el TC, porque si bien no admitió a trámite, esto no debe ser visto como una renuncia del organismo a ejercer sus funciones.

Sí puede ser leído, afirma, como “una invitación a que no sean diferidos los conflictos políticos al TC” y, en ese sentido, considera “recomendable y prudente que antes de buscar eliminar la discusión parlamentaria pensando en que el TC va a vetarlas, que el Gobierno pudiera hacer un ejercicio de negociación y diálogo” de los proyectos en el Congreso.

Para el abogado constitucionalista, Patricio Zapata, la lección principal es que recurrir al Tribunal Constitucional “debe ser siempre un recursos extraordinario”.

En su opinión, un Gobierno siempre debe pensarlo “tres veces” antes de recurrir a este arbitraje de última instancia “para no desgastarlo y llevarse una sorpresa. La prudencia política, el orden de una coalición y el liderazgo presidencial ningún tribunal puede subsanar, no están para eso, no son muletas de un Gobierno debilitado, pero esto no significa que deba renunciar a defender derechos que se afecten o no acudir nunca más”.

Según Zapata, hubo inconsistencias que le pueden haber jugado en contra a La Moneda esta semana. “El Gobierno reclama que el Congreso por reforma previsional toque recursos previsionales y los destine a otro fin. El TC le da la razón en diciembre. Sin embargo, el Gobierno se allana a hacer lo mismo por ley y dos veces, eso es una inconsistencia, sus propias actuaciones complican una postura coherente. No puedes decir que es un imperativo acudir al TC si hace nueve meses, en el primer retiro no acudiste, la Constitución es la misma”, argumenta.

El abogado constitucionalista y socio del Estudio Fermandois, Arturo Fermandois, junto con lamentar que el requerimiento no haya sido conocido en el fondo dijo que “no necesariamente impedirá la tramitación regular de nuevos requerimientos en proyectos como el de royalty o súper ricos”, porque lo sucedido esta semana es una caso excepcional.

A su juicio, el tercer retiro era un proyecto que al reunir altas votaciones “lo colocaba con una fuerza democrática muy potente, pero no impide que el TC conozca y eventualmente declare inconstitucional una reforma con ese quórum, que contenía vicios jurídicos”.

Lo otro, acota, es que por segunda vez se presenta un requerimiento de este tipo y “por el devenir de la política” el Presidente envía en paralelo un proyecto en el que corrige las inconstitucionalidades (iniciativa exclusiva y rentas vitalicias), lo que completa un cuadro inusual.

Otro factor, menciona Fermandois, fue que “el TC debe fallar siempre de acuerdo al texto vigente al tiempo que el requerimiento se interpone, pero ese proyecto se modificó en el Senado, así que este elemento en un proyecto con la expectación pública que tenía, vino a terminar de hacer muy dramáticamente distinto este caso”.

Sobre futuras acciones ante el TC, expone que es una decisión jurídica, política y prudencial del Jefe de Estado, pero “no veo razones técnicas ni una evaluación de lo ocurrido que permitan concluir que no hay opciones con los requerimientos de súper ricos o royalty minero”.