Supervisión de la UAF de automotoras avanza en el Congreso y pone presión a dotación del organismo

Reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa será la obligación que tendrán las automotoras y empresas arrendadoras de autos una vez que sea aprobado el proyecto de ley que perfecciona las herramientas de persecución penal al narcotráfico y crimen organizado.

El texto impulsado por el Ejecutivo ingresó en junio de 2020 a la Cámara de Diputados, instancia que lo aprobó el 16 de marzo último. Ya en el Senado, el Gobierno le otorgó la calificación de discusión inmediata para su análisis enviándolo a la comisión de Seguridad Pública.

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, sostuvo hace unos días en el marco del webinar “sujetos obligados y prevención de lavado de activos” que siguen atentos la discusión en el Congreso de esta normativa y que esperan sea aprobada con prontitud.

El personero afirmó que agregar rubros como sujetos obligados a informar no puede ser una medida “irreflexiva”.

A su juicio, “se debe estudiar cuál es el real aporte que tiene para el sistema dicha información. Hoy tenemos bajo nuestra supervisión las empresas que dan crédito automotriz, pero obviamente quedan fuera las personas que van con una maleta con billetes a comprar un auto, eso es una realidad y este proyecto aborda ese tema”.

Cruz reconoció que la futura norma es un “gran desafío” para la UAF, porque prepandemia existían más de dos mil empresas dedicadas al rubro de ventas y compraventas automotrices de distintos tamaños, o sea, dijo que van a aumentar en casi 30% los sujetos obligados a supervisar.

Por lo mismo, indicó que “eso representa un gran desafío en fiscalización, capacitación y generar normativa atingente”.

Fortalecer la UAF

El diputado Matías Walker (DC), quien analizó el proyecto en la comisión de Constitución, expresó su total acuerdo con el hecho de que la nueva norma sea acompañada de un fortalecimiento de las capacidades y las atribuciones de la UAF. “Esa es una cuestión que el Gobierno, una vez que se publique la ley, debe tener mucha consistencia de que efectivamente cuente con todas estas facultades”, dijo.

El parlamentario valoró la obligación de automotoras de poder informar cualquier operación sospechosa, como compraventas de autos con dinero en efectivo. “Sabemos que es una de las variables que ocupa el narcotráfico para lavar dinero y hacer ostentación de su poder”, afirmó.

Para el diputado Jorge Alessandri (UDI) la normativa va en el sentido correcto, porque estima que estas asociaciones ilícitas destinan recursos a autos de alta gama. “Muchas veces, al comprarlos usados, no quedaba ningún registro de factura”, señaló.

En este contexto, el parlamentario advirtió que el problema es que la UAF “es muy pequeña”.

En su opinión, hay que ver si se amplía la AUF o si se le entrega información en línea a las policías o fiscalía para consultar una base de datos y saber si un RUN o nombre determinado ha gastado en autos de alta gama en un determinado tiempo.

Creado en 2003, el organismo tiene 70 funcionarios, de los cuales ocho son fiscalizadores y trece analistas de inteligencia.

Eco entre privados

Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) -que reúne a 68 marcas y que suman más de 300 concesionarios en Chile- su secretario general, Diego Mendoza, manifestó que al sumar a Chile dentro de las naciones con mayores exigencias se logra establecer una barrera más para detectar estos ilícitos económicos.

De hecho, informó que varias empresas del rubro automotriz ya han implementado voluntariamente mecanismos de notificación a la UAF.

Lo anterior, en el entendido que participan en la comercialización directa de bienes de alto valor, incluido repuestos y piezas de recambio. “Ello explica que la gran mayoría de sus nuestras casas matrices en el extranjero hayan implementado mecanismos de aviso para operaciones sospechosas de lavado de activos”, agregó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (Cavem), Carlos Dumay, se mostró dispuesto a cooperar con una normativa que va en prevención del blanqueo de dinero.

Sin embargo, el dirigente planteó que “el ideal sería que también nos pidan nuestra opinión, porque estamos en terreno con situaciones de compras de vehículos en efectivo con dineros que no sabemos de dónde provienen y con nuestra experiencia podríamos aportar al debate y contribuir a generar leyes que sean aplicables”.

Cavem agrupa a más de 125 concesionarios con puntos de venta de autos nuevos y divisiones de usados por sobre los 750 locales en todo el país.