ANÁLISIS | ¿Y después de la agenda social, qué?

El anuncio de la agenda social realizado por el Presidente Sebastián Piñera apuesta a descomprimir –aunque no a solucionar por completo, evidentemente– la crisis en la que se encuentra Chile. Era esperado hace días tanto en la oposición como en el mismo oficialismo: una señal fuerte del Ejecutivo, junto con un cambio de tono acorde a las actuales circunstancias que empuje hacia una posible salida.

La noche del martes el mandatario realizó un viraje respecto de lo que venía haciendo –un discurso centrado en la necesaria recuperación del orden público– y su nueva posición fue mayoritariamente bien recibida por el mundo político, a juzgar por las reacciones. La calle, sin embargo, no se calma.

El Ministerio del Interior comienza a dar cuenta de que los hechos de violencia han disminuido con el correr de las horas: mientras el lunes hubo 255, el martes de registraron 169. Pero en paralelo, las marchas –en su mayoría pacíficas, dijo el subsecretario Rodrigo Ubilla, salvo las de Concepción y Valparaíso– aumentan en masividad.

Cambio de gabinete

Se habla de que vendría un cambio formal en el Gobierno, como segunda medida luego del anuncio de la agenda social. No resulta claro si el Presidente se decidirá a cambiar a todo su gabinete o mantendrá a piezas estratégicas en este momento de emergencia, como los titulares Defensa e Interior, pero lo cierto es que el movimiento sería mayúsculo. Formaría parte de la escalada de medidas que con el correr de los días ejecutaría Piñera, en una crisis de mucha complejidad: en la tormenta perfecta se distinguen al menos cinco capas que no requieren ni tratamientos ni respuestas similares de parte del Gobierno. Es parte del problema al que se enfrenta la institucionalidad.

Cinco grupos

Lo explicaba bien Ascanio Cavallo: Por un parte, se encuentra la clase media agobiada con llegar a fin de mes. La que en los 90 salió de la pobreza y que ahora es especialmente vulnerable ante la sensación de encarecimiento de la vida, sobre todo en Santiago. Fueron los hijos y nietos de esa clase media la que, probablemente, inició la evasión en el metro.

Por otro lado, se encuentra ese segmento de la juventud –anti político y anti institucional– que por estos días ha desafiado a la policía y a los militares en la vía pública. Los de Plaza Italia, por decirlo de alguna forma.

Existiría un tercer grupo: la oposición política al Gobierno de Piñera –la mitad del país que no votó por el actual presidente– que pide reformas profundas. Se trata de la porción de la ciudadanía que pide, por ejemplo, un cambio a la Constitución. La de la plaza Ñuñoa.

Un cuarto elemento: los sectores marginales que –motivados por razones que no son políticas– han saqueado los supermercados.

El quinto ingrediente: los grupos que estuvieron detrás de los ataques al metro de Santiago. Porque para muchos entendidos parece evidente –lo dirá la Fiscalía en su minuto– que del atentado a la red no participaron ni los estudiantes de la evasión ni la oposición política.

La respuesta

¿Es la misma respuesta la que esperan unos y otros? ¿Es el mismo tratamiento el que el Gobierno debe darle a unos y otros? ¿A todos los dejaría contentos una respuesta política?

Todavía estamos en medio de una crisis compleja, pero con el correr de los días comenzará a masticarse con menos efervescencia lo que parece ser una preocupación central del presidente: la existencia de grupos organizados que fueron capaces de aniquilar un objetivo focalizado –el metro– casi simultáneamente.

Comprendiendo que el tema de fondo es el malestar social que latamente ha sido analizado –por algo el mandatario anunció su agenda de medidas– ¿en qué piensa Piñera cuando habla de “brutal violencia y destrucción que han desatado pequeños grupos de delincuentes, con organización y con medios”? ¿Qué sabe que todavía no sabemos? O al menos, ¿de qué se sospecha?

La institucionalidad –el Gobierno– está desafiada ante una crisis compleja. La Moneda intenta hacer lo suyo, mientras en el Congreso algunos parecen no enterarse.