Informe de Fundación por la Transparencia detecta "inconsistencias " en rol de organismos que fiscalizan inversiones de las AFP

La Cámara de Diputados aprobó prorrogar en un mes el plazo de término de la Comisión Especial Investigadora (CEI) –que debía concluir a mediados de agosto- sobre la actuación de organismos públicos en la fiscalización de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que nace producto de los múltiples debates generados a raíz de los retiros desde las AFP aprobados por el Congreso y sus efectos en las pensiones de quienes han ejecutado el beneficio. Hasta ahora han pasado por la instancia representantes de diversos organismos relacionados con la materia en estudio; sin embargo, la participación de la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) y el Consejo Técnico de Inversiones (CTI) generó especial atención.

Por lo mismo, la Fundación por la Transparencia (FPT) -organización sin fines de lucro que busca generar mayor conocimiento y transparencia en los mercados financieros- realizó un informe basado en las propias presentaciones que hicieron ante la instancia -en la sesión del 5 de julio-, los presidentes de la CCR Francisca Castro, y de la CTI, Joaquín Echeñique, según el cual detectó una serie de "inconsistencias" en el sistema regulatorio de las AFP.

El documento detalla las cinco "inconsistencias" que detactan los expertos de la fundación en cuanto a los objetivos, composición y relación entre el Consejo Técnico de Inversiones y la Comisión Clasificadora de Riesgo y las AFP.

"Contrapeso"

Al respecto, el documento cuestiona la función que, según Echeñique, cumple el consejo, en cuanto a ser un "contrapeso" al poder de la Superintendencia de Pensiones (SP). Según señala el texto, no se entiende que un organismo de "segundo orden, escasamente conocido por la ciudadanía" deba ejercer un contrapeso a la SP, que cuenta con un mandato claro y específico.

Aún más, añade el informe, cuando la composición del CTI lo "convierte en un organismo representante de intereses privados". ¿Por qué? Porque las AFP pueden designar a uno de los cinco miembros del consejo –que es el encargado de fijar las reglas de inversión que estas deben cumplir-y dos miembros son designados por las facultades de Economía de universidades acreditadas, lo que no descartaría la existencia de intereses privados, alerta el documento.

Y ejemplifica mencionando el caso particular del decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), el exministro José de Gregorio, quien –señala- preside Volcom, que "es una administradora general de fondos que recibe grandes sumas de dinero, por parte de las AFP, para invertirlas en mercados extranjeros".

Una segunda inconsistencia que advierte el documento de la Fundación por la Transparencia sería la que dice relación con los alcances del régimen de inversiones para las AFP que el reglamento para tal efecto no considera. En tal sentido, el texto alerta que el citado reglamento "no se pronuncia" sobre las inversiones que las AFP hacen con administradores locales que operan como intermediarios de administradores extranjeros" y vuelve al ejemplo de Volcom, que "recauda dineros de las AFP, los "empaqueta" y alimenta fondos extranjero".

Patrimonio de la CCR

La fundación percibe una tercera inconsistencia que refleja el informe, señalando que "las AFP sí pueden invertir en cuotas de fondos nacionales o extranjeros no aprobados por la CCR". Por lo que el documento cuestiona que "si el propósito de la existencia de la CCR es regular las inversiones de las AFP, no se entiende que estas últimas puedan invertir sin la autorización de la comisión".

Por otro lado, se plantea una cuarta inconsistencia en relación al origen de la propia CCR, señalando que si bien es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, este último "proviene de los aportes hechos por las mismas AFP", dependiendo de estos para su funcionamiento, lo que –según el informe- "pone en duda la independencia que pueda tener la CCR al momento de regular a las mismas AFP".

La última inconsistencia que acusa el informe de la FPT es la dificultad de la CCR para administrar potenciales conflictos de interés, por lo anteriormente expuesto. Incluso el documento destaca que la presidenta del organismo, Francisca Castro, fue enfática respecto de que no se permiten representantes directos de las AFP como miembros del organismo que encabeza; no obstante, ella misma figura como la representante de las AFP en dicha instancia. Adicionalmente, el informe señala que el formato con que cuenta la CCR para evitar conflictos de interés no es idóneo para función que cumple.

Ante estas "inconsistencias" el informe concluye que el sistema regulatorio que rige a las AFP "está parcialmente privatizado. Las propias administradoras son dueñas de la CCR, el ente que debe aprobar sus inversiones específicas. Las disposiciones para evitar conflictos de interés en la CCR son tenues y formales".

Respecto del CTI, señala que "tiene un mandato ambiguo de hacer de contrapesar el poder de la Superintendencia de Pensiones, sin especificar en nombre de quién, de qué o de cuáles principios jurídicos". Por lo que recomienda que sea "abordado con prontitud", si no ahora, por las autoridades del próximo gobierno.

Revisión al sistema regulatorio

El investigador de la FPT quien además expuso ante la Comisión Investigadora, Ignacio Schiappacase, sostiene que el sistema regulatorio que rige a las AFP "es inconsistente, poco transparente y debe ser abordado con prontitud por los poderes Ejecutivo y Legislativo", ya que como indica el informe realizado por el organismo da cuenta, entre otras cosas, de que el CTI, se presenta como un contrapeso a la SP, pese a que este último es un organismo eminentemente público y el CTI es "eminentemente privado, porque uno de sus miembros es elegido por las propias AFP".

Por otro lado, hace hincapié en que "las AFP son las encargadas de proveer el patrimonio para que la CCR funcione y en su consejo también hay representantes de las AFP, como en la actualidad es su presidenta".

El director ejecutivo de la FPT, Carlos Tromben, explica que el informe realizado busca acortar la "brecha" que existe en la información que sobre estos temas tiene el ciudadano común y corriente, sobre todo en esta época en que tal parecen estar tan candentes. Por lo que han seguido con atención la labor de la Comisión Investigadora.

Y asegura que "la situación regulatoria del mercado chileno está al debe, por una serie de factores, como la pertenencia de casi todos los actores a un mismo grupo social, a una misma mirada económica, lazos de parentesco, que también ha salido a relucir en esta comisión, intereses y eventuales conflictos de interés".

De ahí que espere que en el informe que deberá evacuar la comisión se haga un llamado revisar la regulación del mercado financiero para "evitar realmente los conflictos de intereses y para que las autoridades regulatorias estén de parte del ciudadano y no de los regulados. Además, para terminar con la puerta giratoria que existe entre entes reguladores y empresas financieras". Por lo que hicieron llegar a la instancia el informe para que sirva de insumo.

Adicionalmente, Tromben adelantó que la FPT está trabajando en una propuesta más contundente sobre la materia para hacerla llegar a las autoridades que corresponda, en su momento.