“Si se juntan las facultades de normar, fiscalizar y sancionar podría haber conflicto de intereses”


“Ojalá que (el proyecto) logre el objetivo de colocarle dientes como lo reflejan algunos comentarios, pero la opinión mía es que el Sernac sí tenía dientes”, dice de entrada en esta entrevista el ex director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, sobre la reforma legal que impulsa el gobierno para robustecer la protección del consumidor.

La iniciativa fue aprobada en general y se vota en particular el 12 de agosto en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para luego ser despachada a sala.

“No puedo negar que el proyecto está muy bien inspirado, estamos de acuerdo en elevar el estándar de protección de los consumidores, pero hay que partir de lo positivo que se ha hecho, hoy Chile es un modelo para otros países, lo que nosotros hicimos en materia de protección al consumidor no lo ha hecho ningún país. Por eso, entonces, partir como si no se hubiera hecho nada, no corresponde”, dice Peribonio, quien como jefe del Sernac demandó en junio de 2011 a La Polar por repactar unilateralmente a sus clientes.

Hoy se desempeña como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y socio de Peribonio, Del Río y Del Villar Consultores.

- ¿Qué opinión tiene acerca del proyecto que fortalece el Sernac?

- El proyecto es un buen esfuerzo para elevar el estándar de protección del consumidor, reconoce la importancia del tema para la ciudadanía y lo coloca en un sitial prioritario para el país.

Ojalá que logre el objetivo de colocarle dientes como lo reflejan algunos comentarios. La opinión mía es que el Sernac sí tenía dientes y eso se refleja en la cantidad de mediaciones individuales exitosas que se hicieron a favor de los consumidores, antes de que dejáramos la institución. Casi el 60% de los reclamos que llegaban al servicio se resolvían a favor de los usuarios.

También se evidenció en las mediaciones colectivas, donde logramos $ 8.000 millones. Cuando no era posible llegar a soluciones efectivas, llegábamos a tribunales con demandas colectivas y con eso logramos soluciones indemnizatorias equivalentes a US$ 150 millones. También se produjo un salto cualitativo con la aplicación concreta y definitiva de la Ley del Consumidor a la actividad bancaria, cosa que hasta antes de la gestión que realizamos no ocurría. Por tanto, con las mismas normas y procedimientos que existían desde 2004 en adelante, logramos cambios estructurales en el mercado.

- ¿Es partidario de la estructura que se propone o ve con mejores ojos el modelo de la Fiscalía Nacional Económica?

- En otros países los roles están separados, si se juntan las facultades normativa, interpretativa, sancionatoria, mediación y titular de la acción indemnizatoria en un solo órgano, podría haber una confusión de roles y conflicto de intereses y eso hay que despejarlo para que este nuevo Sernac no tenga problemas y ruidos en su nacimiento.

No basta con crear murallas chinas, cuando es la misma montaña la que va a actuar, no son montañas diferentes o que estén administradas por autoridades distintas, es la misma autoridad la que va actuar (normar, fiscalizar y multar) y eso puede tener una confusión al momento de la toma de decisión final.

En otros países se crea un organismo técnico distinto al Sernac, una superintendencia, que es la que tiene el poder de sanción, investigación y que en definitiva aplica la multa. A mí me parece que la estructuración del proyecto tiene un defecto, pone el acento en la multa y no deja al consumidor en el centro de la discusión.

- ¿El texto del proyecto disipa el doble rol de juez y parte?

- La imparcialidad necesaria para resolver un caso tiene que ser incuestionable, la imparcialidad hace que el debido proceso sea una garantía constitucional para los ciudadanos, esto debe revisarse en el proyecto de ley. No podemos correr el riesgo que después de todo un proceso que se siga para perseguir una infracción a la ley del consumidor, la sanción final recaída en un juicio indemnizatorio pueda tener problemas constitucionales, en cuanto a la protección de los derechos de las personas.

- ¿Al traspasar la competencia de los juzgados de policía local a tribunales civiles, mejorará el acceso de las personas a la justicia?

- La eliminación de la competencia de los juzgados de policía local convierte en más largos a los procesos, se pierde todo el crecimiento que han tenido durante todos estos años. La experiencia indica fallos notables en materia de defensa del consumidor, que con este cambio se perderían. Es un mito que se diga que los jueces civiles saben más que los de policía local de la Ley del Consumidor, eso no tiene ninguna base de sustentación.

Los jueces civiles nunca han tenido competencia en esta materia, salvo en juicios de clase que suman alrededor de setenta. Los procedimientos civiles son más caros y requieren el patrocinio de un abogado. En cada comuna hay un juez de policía local, mientras en la provincia existe un solo un juez civil.

- ¿Es probable que aumente la judicialización?

- Habrá poca judicialización, porque se dará poco acceso a la justicia. Primero, porque va a ser más lenta, engorrosa y con un costo transaccional altísimo, por tanto la gente va a preferir olvidarse de la plancha o la camisa que le salió mala, que enfrentar un juicio tan largo y caro por un producto de bajo costo. Y eso no se soluciona con un proceso sancionatorio al interior del Sernac, no hay que olvidar que la empresa potencialmente sancionada va a tener derecho a recurrir a los tribunales ordinarios para impugnar la multa.

- ¿Qué le parece que el director Ernesto Muñoz diga que el Sernac Financiero es un slogan más que una realidad institucional?

- Esa frase es injusta y muy política. Decir que el Sernac Financiero era un slogan -además de ofensivo para quienes estuvimos levantándolo-, es falso, carece de sustento, porque el Sernac Financiero existe como tal, la Ley se llama así, la Corte Suprema reconoce la existencia del Sernac Financiero. Esa aseveración es ofender no sólo al presidente Piñera sino a todos los legisladores que tramitaron la iniciativa.