FNE acusa que más del 85% de operaciones con TC han estado regidas por la tarifa máxima

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su presentación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la consulta de Cruz Verde sobre los criterios utilizados por Transbank para cobros de comisiones diferenciadas para los comercios afiliados, sumó varios antecedentes clave.

Uno de ellos tiene relación con la comisión promedio ponderada por transacción para las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito. Según consta en la presentación de la FNE -basada en datos proporcionados por Transbank- la comisión en el caso de las tarjetas de crédito ronda el 2% -para el periodo 2013 -2016-, porcentaje al cual se acogió entre el 85% y 95% de los comercios que se encuentran afiliados a Transbank, y que corresponde a la tarifa máxima establecida en el plan de autorregulación tarifario (PAR) .

Lo llamativo de esta situación, de acuerdo al análisis de la autoridad, es que estas cifras se mantuvieron prácticamente congeladas durante los últimos cuatros años, a pesar de los constantes ajustes que dice realizar Transbank y a los cambios que se han desarrollado en el mercado local.

Del mismo modo, señala la FNE en su argumentación, la situación es similar a lo que ocurre con aquellas transacciones que se hacen con tarjetas de débito. En este ámbito, la gran mayoría de los comercios también tienden a estar distribuidos en la parte alta de los merchant discounts, siempre cerca de las tarifas máximas correspondientes a cada año analizado.

La única diferencia respecto a la situación que ocurre con las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito, tiene que ver con que la tarifa máxima va cambiando con los años, y, a pesar de que disminuye en el periodo, entre el 30% y el 60% de los comercios asociados a Transbank, se mantiene en el tramo más alto del pago de comisiones.

La opinión de la autoridad

Además de las diferentes empresas que se hicieron parte del proceso, hubo dos organismos regulatorios que también opinaron frente a la consulta: el Banco Central (BC) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Desde el BC, señalaron que ellos están interesados en “que los pagos minoristas se realicen en un ambiente que provea eficiencia y seguridad y en el cual prevalezcan condiciones de competencia”. Sin embargo, el oficio firmado por el presidente de la institución, Mario Marcel, señala que el organismo no cuenta con la “potestad normativa” en lo relativo a la fijación de tarifas o comisiones que los agentes puedan cobrar.

Por su parte, desde la SBIF señalaron estar dispuestos a “contribuir y colaborar con el desarrollo del procedimiento”, pero agrega que no cuenta con mayores antecedentes que aportar.

Durante la jornada, Transbank no quiso profundizar en su defensa, aludiendo a los argumentos que fueron dados a conocer ayer por Diario Financiero, dejan de manifiesto que la estructura tarifaria definida en la última revisión del PAR ha sido cumplida al pie de la letra, y que la diferenciación de las tarifas se debe a las distintas elasticidades de la demanda de los clientes.

Multicaja asegura que no podrían replicar tarifas actuales de manera rentable

Otra compañía que se hizo parte del caso ante el TDLC es Multicaja, que sería uno de los nuevos actores en entrar al mercado del pago a través de tarjetas. Es por esto que según se puede leer en los escritos presentados ante el tribunal, la empresa presidida por Javier Etcheberry, asegura que los criterios aprobados por Transbank en la determinación del merchant discount fueron establecidos de acuerdo a una estructura y condiciones de competencia del mercado que han cambiado radicalmente a diez años de la ratificación del plan de autorregulación (PAR).

Pero no sólo eso, ya que la empresa se refiere a lo perjuicioso que resulta para ellos las condiciones actuales, las cuales se sustentaban años atrás por la condición de monopolio natural que se daba a raíz de las operaciones de la empresa Transbank. En ese sentido, Multicaja apunta a que "existe un riesgo exclusorio importante en los casos en que los merchant discounts que cobra la empresa dominante, en aplicación de los criterios para fijar precio contenidos en el PAR, son imposibles de replicar rentablemente por una compañía entrante, dado que son menores a las tasas de intercambio que son fijadas por las marcas licenciantes. Estas tasas de intercambio sólo se aplican a los entrantes y no a la empresa dominante". Una de las consecuencias de esta situación, sería por tanto, una menor cobertura en comparación a mercados similares.