Gran Concepción en estado de alerta por las consecuencias del estallido social y el Covid-19

Las manifestaciones en Concepción parecen no dar tregua del todo. Si bien sus habitantes dicen que durante enero hubo un cese de protestas en la plaza Independencia -donde se congregan desde octubre-, en febrero se volvió a repetir, aunque no a los mismos niveles de fines de 2019.

Tras tener del orden de 120 locales saqueados y 56 cerrados, la ciudad comenzaba un proceso de normalización a inicios de marzo, lo que alimentaba las esperanzas del comercio y la construcción, los sectores más golpeados con la crisis, pero el rápido avance del coronavirus cambió nuevamente los planes.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Concepción, las ventas en marzo, en comparación a febrero, disminuyeron cerca de 70%, y el comercio está funcionando a 50% de su capacidad.

“Hoy la situación es compleja, casi crítica se podría decir, porque desde octubre a la fecha hemos sufrido con el estallido social y ahora la pandemia, golpeando fuertemente al sector. Estamos en una posición de alerta y alarma ante el escenario actual, a la espera de lo que ocurra en las siguientes semanas”, señaló la presidenta del gremio, Sara Cepeda.

La situación ya se está traduciendo en problemas. Por ejemplo, Casa Loosli, una empresa dedicada a la venta de lámparas, muebles, linternas, artículos de chimenea, ampolletas, entre otros productos que tiene una trayectoria de 114 años, tiene cerradas sus puertas, sin fecha de regreso.

“El cierre de la tienda de atención de clientes de Casa Loosli, que era parte del legado de mi familia, fue un fuerte golpe a mis expectativas y emocionalmente muy doloroso”, confiesa quien fuera su propietaria por años, Cristina Loosli.  Sobre el estado de la ciudad, agrega que “lamentablemente, será prácticamente imposible que el centro de Concepción vuelva a ser, ni remotamente, lo que era antes de octubre 2019, a pesar de las medidas de protección que ha tomado el gobierno”.

En el comercio alegan que las medias que ha tomado la autoridad no han sido suficientes para recuperar la ciudad, ni menos el comercio, argumentando que existe un abandono de parte de ellos ante la crisis sanitaria.

Cepeda emplaza a las autoridades y pide que haya más compromiso con el sector. “Necesitamos que intervengan en asuntos tales como el pago de los arriendos, ya que una situación tan simple como esa genera muchas preocupaciones, poniendo en una posición difícil al comerciante ante la pregunta si se debe cumplir con la obligación de pagar el arriendo o a los trabajadores”, concluyó.

La preocupación del gremio de la construcción y la detención del Biotrén

“Lo que pasa ahora con el Covid-19 es mucho peor que el estallido social”. Así evalúa la situación del sector de la construcción el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, Felipe Schlack. Señala que el escenario es complejo, en la zona se está operando a un nivel de 60%, lo cual genera la incertidumbre de cientos puestos de trabajo que están suspendidos por el frenazo de algunas obras.

A su vez, la comercialización en ventas tampoco ha rendido como solía hacerlo, según asociados del gremio, ha bajado desde un 30% a un 70%.

Pero aún más preocupante es lo que ocurre en la comuna de San Pedro de la Paz. La autoridad sanitaria decreto cordón sanitario en la localidad y obligó la detención de todas las obras del lugar, unas 44 en total.

Según Schlack, la zona es reconocida porque hace diez años se ha vuelto un polo importante para el desarrollo de obras. De hecho, de los 25 nuevos proyectos que se hacen en Concepción, se realizan justamente en San Pedro de la Paz, entregando casi 3.000 puestos de trabajo, los que hoy están suspendidos.

Por otra parte, el escenario de esta comuna también determinó que el lunes pasado el recorrido del Biotrén, que une a las comunas de Coronel y Concepción, se viera interrumpido tras manifestaciones de sus choferes en la vía. Conductores exigen que se pueda habilitar un paso por el cordón sanitario, de forma de no seguir afectado el recorrido. Argumentan que no han recibido ninguna respuesta positiva de las autoridades.