Subus: acreedores suspenden junta para ajustar plan de pago

El destino de Subus se conocerá en una semana más. Esto porque la junta de acreedores que votará la propuesta de reorganización judicial que se debía realizar ayer, finalmente quedará para el 15 de septiembre, tras la petición de la operadora.

Uno de los abogados de la firma de capitales colombianos, Luis Felipe Castañeda, solicitó la suspensión de la junta debido a que hay ciertas conversaciones que no están cerradas con acreedores respecto a modificaciones que se quieren añadir a la propuesta original. Estas, explicó el abogado de Nelson Contador & Cia. Abogados, tienen que ver con los créditos garantizados de Subus, que ascienden a $ 71.800 millones, y recoge parte de las recomendaciones que hizo el veedor Enrique Ortiz D’Amico en su informe.

El tribunal señaló que dicho requerimiento tenía que venir por parte de los acreedores, por lo cual uno éstos lo pidió, y el resto no se opuso, quedando así la jornada fijada para el próximo jueves a las 12 del día. Recién en dicha ocasión se sabrá si se acepta la propuesta o la empresa entra oficialmente en liquidación.

En un comunicado, Subus explicó que “en la audiencia, los acreedores utilizaron su facultad de suspender la votación y determinaron realizarla el jueves 15 septiembre, debido a la necesidad de acordar los últimos detalles del acuerdo de reorganización propuesto por Subus”.

Por tal razón, añadió, “es que los resultados del proceso de reorganización y/o liquidación, que esperamos sean satisfactorios para todos los involucrados, se conocerán en la nueva fecha de votación”.

Informe del veedor

El informe que dio a conocer el veedor de la compañía, recalca que “se hace estrictamente necesario desarrollar un plan de rebaja de costos tanto en el funcionamiento de la empresa, como del Plan Operacional actualmente vigente, de tal manera de optimizar los activos que tiene la deudora en dicho plan”.

Por ejemplo, la empresa de transporte proyecta una baja de las multas en 27 mil UF por cada año de vigencia de la concesión, lo que a juicio de Ortiz, es una meta “poco agresiva si lo que se busca es pagar el 100% de las acreencias”.

Otro reparo que tiene el veedor ante la propuesta tiene que ver con la reserva para el finiquito de los trabajadores al término de la concesión, que contempla la retención de un 30% de lo que se obtenga en la Revisión Excepcional que se negocia aún con el gobierno. Dicho monto, dice, podría resultar insuficiente, por lo que recomienda reservar parte de la utilidad que logre Subus con el nuevo plan de operaciones, la rebaja en los costos y el resultado de la Revisión Excepcional.

Advierte que si bien los inmuebles no podrán ser vendidos hasta que termine la concesión, “lo anterior no obsta a que puedan indagarse modalidades de enajenación de estos bienes que supongan que éstos sigan sirviendo a la concesión, y al mismo tiempo satisfacer el legítimo derecho de los acreedores hipotecarios de ver pagados sus créditos”.