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Suplantación de nombre, la figura que persigue Ariztía en tribunales tras fraudes cibernéticos

La revisión de los documentos legales revela que la empresa denunció un tipo de estafa que podría atribuirse a la “figura de pharming”, en que se redirecciona a clientes a sitios web falsos.

Por: José Troncoso Ostornol | Publicado: Miércoles 9 de enero de 2019 a las 04:00 hrs.
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La empresa avícola Ariztía acudió a la justicia luego de descubrir los fraudes cometidos por ciberdelincuentes que se hicieron pasar por ejecutivos de la compañía. Las acciones judiciales, dirigidas contra toda persona que resulte responsable, apuntan a delitos de falsificación y usurpación de identidad, entre otros.

Su rival Agrosuper -que además de producir carne de pollo, pavo y cerdo es uno de los principales exportadores de salmón del país- también ha sufrido este tipo de fraudes, pero hasta ahora no ha iniciado acciones frente a la justicia.

Frente a lo delicado de la situación, tanto Agrosuper como Ariztía han publicado en sus páginas web alertas de fraude, las cuales hasta el cierre de esta edición se mantienen activas.

La primera acción judicial de Ariztía data de fines de 2016, cuando presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Melipilla. Según se detalla, en agosto de ese año, la gerente de exportaciones del grupo recibió la información vía correo electrónico por parte de un ciudadano español de nombre César Chamorro, que días antes fue estafado por individuos que simulaban ser de la empresa Industrial Ochagavía (filial del grupo Ariztía). Mediante la creación de un sitio web idéntico al oficial de la compañía, junto al mal uso de marcas y logos institucionales, contactó a potenciales clientes simulando ventas de productos propios de la firma chilena.

En la acción, los abogados de la empresa detallan que “lamentablemente” el señor Chamorro realizó una transferencia electrónica, siendo estafado.

Pero además de la creación de un sitio web que simula ser el oficial, una vez contactadas las víctimas les fueron enviados una serie de documentos por parte de una persona de apellidos Cortés Días, quien se presentaba como integrante del departamento de exportaciones, papeles entre los cuales habían contratos con logos, nombre de marca registrada, además de la firma del gerente del grupo.

Todo esto, según la empresa, con el objetivo de aparentar ser la empresa real y hacer más asequible la estafa, involucrando posteriormente a Agroindustrial Arica, también filial de Ariztía, como la firma encargada de despachar los productos aparentemente comprados.

Luego de esto, la compañía se enteró de más fraudes, con similar modus operandi. “Situaciones en donde claramente se perjudica el nombre y prestigio de la marca Ariztía y de sus empresas asociadas”, afirma la empresa en su querella.

Junto a esto, y en base a los documentos recopilados por la compañía, se desprende la usurpación de nombres de altos ejecutivos, como Marcelo Ariztía Benoit (hijo del fundador , Manuel Ariztía Ruiz).

¿Juzgar en Chile?

Los hechos descritos podrían subsumirse en una figura de pharming, atípica en nuestro derecho (…), pero que nuestros tribunales de justicia han sancionado en definitiva a modo de estafa residual a fin de evitar la impunidad de dichas conductas”, dice la querella iniciada por Ariztía en 2016. El pharming (o suplantación de identidad) es un fraude informático en que se redirige el nombre de dominio (DNS) de una entidad de confianza a una página web, en apariencia idéntica, pero que en realidad ha sido creada por el atacante para obtener los datos privados del usuario.

En un primer momento el juzgado estimó que, tratándose de delitos que eventualmente han sido cometidos en el extranjero y que afectan a extranjeros, no deben ser de conocimiento de tribunales nacionales. Se sostenía que debían ventilarse en los juzgados que correspondan al lugar donde fueron cometidos los delitos. La controversia llegó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, que resolvió que el Juzgado de Garantía de Melipilla es competente para conocer de la causa, dado que hasta ahora no existen antecedentes que digan que los delitos se cometieron en el extranjero.

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