Transantiago: Los escenarios que marcarán la posible quiebra de Subus

El próximo 7 de septiembre Subus, segunda mayor operadora del Transantiago, vivirá una cita determinante para su futuro. A las 11 de la mañana, en el 17º juzgado Civil de Santiago, sus acreedores deberán votar si aprueban o rechazan la propuesta de acuerdo que presentó la firma en el marco de su reorganización, que la lleva adelante el síndico Enrique Ortiz.

Clave en esta decisión será el informe que Ortiz está elaborando con la tasación de los activos y que permitirá dar una idea del nivel de recuperación que podrían tener los bancos y proveedores en el que caso que optaran por liquidar.

Para ello, Ortiz ya comenzó la búsqueda de los tasadores que levantarán esta información y que, posteriormente, abrirán dos caminos para los acreedores, dependiendo de cuánto se pueda recuperar de los $ 91 mil millones que debe la firma.

En el primer escenario, que consiste en que se opte por continuar operando y se apruebe el plan de pagos, los acreedores seguirán recibiendo dinero. En la propuesta se establecen recursos firmes por hasta $ 14.900 millones, dejando el remanente condicionado a que se logre un acuerdo de reajuste del pago por pasajero transportado extraordinario con el gobierno.

Según trascendió, las conversaciones estarían avanzadas y aunque no se llegaría al 25% extra que pide la empresa, el gobierno se habría abierto a entregar algo más de recursos.

Esto aclararía, en parte, el camino a seguir por parte de los acreedores y, además, permitiría que la empresa siga siendo operada por su controlador Fanalca y el síndico Enrique Ortiz.

A ello se suma la labor del observador Jorge Inostroza, quien, aseguran fuentes, será los ojos de la autoridad en la empresa y no descartan que los acreedores también designen una figura similar.

Ese sería el mejor escenario, dicen algunas fuentes, ya que permitiría quitarle grasa a la operación y eventualmente postular a la nueva licitación, logrando ingresos adicionales a los esperados.

Quiebra y expropiación

El segundo escenario es más dramático. Esto, porque de rechazarse el acuerdo, la compañía procederá inmediatamente a la liquidación de sus activos.

Y aunque sería la peor de las opciones, la autoridad ya tendría un plan trazado si esto se llegara a concretar.

Una vez solicitada la quiebra, el tribunal deberá notificar en 24 horas al Ministerio de Transportes, y una vez declarada la sentencia, la empresa no podrá seguir administrando la concesión ni los bienes afectos.

Esto gatillará que el ministro Andrés Gómez-Lobo designe un administrador provisional, el que tendrá como una de sus primeras tareas levantar un catastro sobre el estado de pago de las remuneraciones y cotizaciones de los trabajadores y de los bienes que quedarán excluidos de la quiebra.

Trascendió que la autoridad ya activó la búsqueda del administrador provisional entre la lista de candidatos que posee, para estar preparado.

Según establece la ley, los bienes afectos a la concesión no podrán ser tocados por Ortiz para una eventual liquidación. Así, los buses y terminales pasarán a manos del administrador provisional, que en principio tiene una duración de 18 meses a cargo de la concesión.

Para esto, hay varias alternativas. Una es que los 61 servicios que opera Subus pasarán íntegramente a manos de otra empresa hasta 2020, cuando termina el contrato.

Otra es que se podría adelantar la licitación provista para 2017, mientras el administrador gestiona la compañía.

Finalmente se dividen los servicios y son entregados a distintos operadores de los que actualmente operan.

En último caso, Metro podría asumir este rol, firma a la que ya le otorgaron esta potestad legal en 2015.

En cualquiera de los casos, el síndico Ortiz y el administrador que eventualmente reemplace a Subus, podrá acordar la venta o arriendo de los 1.262 buses y de los 10 terminales, cuyo valor ascenderían a los US$ 91,6 millones, según sus estados de resultados a marzo de 2016.

En esa línea, además trascendió que si se diera una de estas opciones, el gobierno está estudiando la posibilidad de expropiar los terminales, para eliminar barreras de entrada a nuevos operadores para el Transantiago.