Cuprum se hace parte ante Contraloría y acusa “orquestada campaña de cuestionamientos”

Hace más de un mes que la superintendenta de Pensiones (SP), Tamara Agnic, puso su cargo a disposición de La Moneda. Esto, luego de que la Contraloría emitiera su opinión respecto de la fusión entre las AFP Argentum -creada por Principal Financial para llevar a cabo la operación- y Cuprum, calificándola, entre varias cosas, como “impracticable”.

En el gobierno aún esperan la respuesta del ente contralor sobre el recurso de aclaración que interpuso Agnic -que apunta a que el órgano no podría pronunciarse debido a que existe una querella en tribunales, (ver recuadro)-, para definir su permanencia en el cargo.

Según afirmó el nuevo contralor, Jorge Bermúdez -quien se inhabilitó en este caso-, el documento con la decisión debiera ser dado a conocer en estos días.

Pero un hecho que se desconocía era que el pasado 23 de noviembre, AFP Cuprum solicitó hacerse parte del proceso que se sigue en la Contraloría.

Y en uno de los documentos presentados, la administradora señala que “queremos hacer presente (...) la enorme preocupación que nos causa el pronunciamiento que se requiere de esa alta investidura, ello especialmente porque en el desarrollo de los hechos (...), hasta ahora se ha omitido la consideración de carácter técnico y especializado que conllevan las actuaciones cuestionadas”.

Además, afirma que “creemos que la multiplicidad de reclamos que se han levantado, que obedecen a visiones que pueden ser denominadas políticas, pueden arrastrar decisiones contrapuestas del orden judicial con el orden contralor”, haciendo referencia a la querella presentada por los diputados que iniciaron este procedimiento, es decir Fuad Chaín (y Ricardo Rincón, ambos DC.

Campaña orquestada

Según dos escritos presentados por Cristián Edwars, gerente legal corporativo de Principal, el grupo ha cumplido “estrictamente, tanto con la letra como con el espíritu de la ley”.

Además, acusa que se ha creado “una orquestada campaña de cuestionamientos que han significado el despliegue de una serie de reparos, primero por los medio y luego con el eco de algunos parlamentarios”.

Y en relación a uno de los puntos que genera mayor debate, relativo a que la Superintendenta habría prestado “asesoría” al holding, al señalarles la forma correcta de llevar a cabo una fusión, Edwards afirma que “lejos de constituir una asesoría, constituía una obligación que imponía la ley a la SP”. Esto porque, según menciona, la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (LBPA), define que los particulares tienen un conjunto de derechos en los procedimientos administrativos. “Como bien sabe la Contraloría, (se menciona) el principio de servicialidad de la administración frente a los particulares. La jurisprudencia ya ha indicado que la autoridad, frente a una solicitud del interesado en un proceso administrativo, debe dar respuesta fundada precisamente en base al derecho. Adicionalmente, la jurisprudencia administrativa ha señalado que si un interesado no reúne los requisitos exigidos por la legislación específica para la validez de su presentación, ésta, de acuerdo al art 17 letra h) de la LBPA, debe indicarle la manera en que debe subsanar los requisitos pertinentes”, dice el documento.

Por otro lado, menciona que no tiene ningún asidero legal pretender prohibir que una AFP pueda ser absorbida por su sociedad matriz en un proceso de fusión, ya que “constituiría una discriminación arbitraria, desincentivaría el ingreso de nuevos actores a la industria de las AFP y promovería la concentración de la misma, objetivos todos exactamente opuestos a los que nuestro marco regulatoria promueve y persigue”.

Cabe recordar que la ministra del Trabajo, Ximena Rincón puso a disposición de la comisión dos informes en derecho, de los abogados Jaime Jara, de la Universidad de Chile, y Matías Guiloff y Carlos Pizarro, de la Universidad Diego Portales.

Hugo Lavados declaró ante fiscalía por querella

Tal como lo adelantó Diario Financiero, ayer el presidente del directorio de AFP Cuprum, Hugo Lavados, acudió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago a declarar en el marco de la querella por prevaricación administrativa culposa presentada por los diputados DC Ricardo Rincón y Fuad Chahín, en contra de la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, hace casi dos meses.

La instancia, trascendió, cumplió con las formalidades, fue breve y consistió en un par de preguntas relacionadas a cuestionado proceso de fusión de Cuprum y Argentum.

Lavados habría contestado cada una de las consultas ratificando su posición respecto al tema, comentó una fuente informada.

Agnic puso a disposición de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, su cargo hace un mes, tras la opinión que emitió la Contraloría General de la República, donde califica la operación de las administradoras como "impracticable".

Luego, la reguladora señaló que "la Superintendencia de Pensiones seguirá prestando toda su colaboración".
Además, dijo que "dado el interés público que ha despertado este proceso de reorganización societaria, es positivo que sean los tribunales los que resuelvan este tipo de cuestionamientos, por el bien del país y del Estado, que creo que saldrá fortalecido en esta instancia".