Transbank: expertos ven que propuestas serían inconstitucionales

Transbank reconoció que tras la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) respecto a la regulación integral de la industria de medios de pagos, le preocupa el cambio de modelo en el rol adquirente que propone.

En concreto, aseguraron que "esta modificación podría afectar los beneficios que todos los actores involucrados han obtenido, disminuyendo las eficiencias logradas y que han permitido el importante desarrollo del mercado de los medios de pago en los últimos 25 años".

En concreto, abogan a que si el organismo de la libre competencia está potenciando la entrada de nuevos actores, por qué sacarlos a ellos si ya llevan más de 20 años en el mercado. Es más, según conocedores del proceso esta situación si se concreta, podría ser inconstitucional, porque coartaría la posibilidad a un oferente de servicio y al mismo tiempo se le está negando la posibilidad a un actor en específico.

En este contexto agregaron que esperan continuar siendo un actor legítimo y activo en el rol que le ha cabido en el servicio al comercio y emisores. "Chile cuenta hoy con un modelo que ha permitido que el sistema de medios de pago funcione de manera eficiente, con altos estándares de seguridad, innovación, disponibilidad, cobertura y apoyo a los planes de bancarización, y a costos eficientes".

Desde la compañía añadieron, a través de un comunicado, que no se oponen "a la entrada de competidores, por el contrario, hemos instado por más competencia y colaborado con aquellas iniciativas que promueven un mercado eficiente en igualdad de condiciones".

Sostuvieron que se encuentran estudiando cuidadosamente los alcances de esta recomendación, "la que reconoce la evolución y complejidad del mercado de los medios de pago, tanto en Chile como en el mundo y da cuenta de que pueden existir consecuencias derivadas de una mayor regulación".

Resaltan que tal como reconoce el expediente de recomendación del Tribunal, "la implementación de estas medidas requerirá de un previo análisis detallado de su impacto regulatorio, es decir, un balance de las materias de libre competencia con otros valores jurídicos relevantes para el sector financiero y de los medios de pago, considerando además no afectar las eficiencias obtenidas".