Alcaldesa enfrenta a inmobiliaria por torre en centro de Papudo

El balneario de Papudo es uno de los más tradicionales de la Región de Valparaíso y, salvo contadas excepciones, no ha masificado el desarrollo de grandes edificios en su radio céntrico.

En este marco, Nueva Costanera Gestión Inmobiliaria -ligada a los empresarios Gerardo Valdés y Roberto García- busca construir un edificio de departamentos de 14 pisos a metros de la plaza de Papudo. No obstante, se encontró con la férrea oposición de la alcaldesa Rosa Prieto Valdés (RN).

"Pese a que el proyecto cumple a cabalidad con la normativa urbanística aplicable, la Municipalidad de Papudo, mediante una seguidilla de actos ilegales, ha impedido su aprobación y desarrollo", afirmó la empresa en un recurso de protección presentado contra la edil a principios de marzo.

Todo partió en agosto de 2017, cuando la empresa selló una promesa de compraventa de un terreno ubicado en la calle Miraflores N 1 en el centro del balneario. Según dijo, diseñó un proyecto "de alto estándar" a cargo del arquitecto Matías Klotz. Dos meses después, ingresó una solicitud de aprobación de anteproyecto a la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM), que rechazó la petición en marzo de 2018. Frente a esto, la firma recurrió a la Contraloría y a la Seremi de Vivienda.

A mediados de 2018, la Seremi le dio la razón a la inmobiliaria. No obstante, destacó la empresa, no ordenó a la DOM aprobar el anteproyecto, ya que estimó que éste debía ser visado por el concejo municipal. A fines de ese mismo año, el ente contralor resolvió que el anteproyecto cumplió con la normativa, y ordenó a ambas entidades regularizar la situación dentro de un plazo de 20 días hábiles.

Sin embargo y dado que la DOM no acató el dictamen del organismo fiscalizador, la inmobiliaria recurrió por primera vez a la justicia en febrero de 2019 contra del director de obras y la alcaldesa de Papudo. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección en abril, ordenando al municipio a regularizar la "situación ilegal constatada", lo que fue ratificado por la Corte Suprema en enero.

Pero la empresa acusó a la alcaldesa de infringir la normativa al "haber dado mañoso cumplimiento" a la sentencia del máximo tribunal, ya que el proceso invalidatorio que daba luz verde al proyecto debía ser iniciado por la DOM, y no por la jefa comunal, como ocurrió en los hechos. Por esto, la compañía solicitó a la justicia en marzo dejar sin efecto ese decreto alcaldicio.