Autoridad resuelve que megaproyecto no requiere evaluación ambiental

El megaproyecto inmobiliario y comercial Apoquindo 6060 -de la inmobiliaria Indesa, ligada a Felipe y Nicolás Ibáñez- no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así lo resolvió Andelka Vrsalovic, directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana.

La obra es una de las más grandes que se proyectan en la capital. Contempla viviendas, oficinas y comercio donde actualmente se ubica un supermercado Lider en la Avenida Apoquindo, justo frente al centro comercial Apumanque. La inversión se estima en unos US$ 165 millones.

La inmobiliaria había presentado una consulta de pertinencia, trámite de carácter voluntario para que la autoridad sectorial determinara si el proyecto debía ser ingresado a evaluación ambiental. "El proyecto Apoquindo 6060, no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución", dice la resolución de la directora regional del SEA.

La autoridad destacó que –en base a la información de la inmobiliaria- la obra se emplaza en un terreno con una superficie neta de 6.606,97 m2, menores a las siete hectáreas que señala el reglamento del SEIA para exigir que se someta a evaluación, y considera la construcción de 240 viviendas, menor a las 300 que se toman como piso para que un proyecto deba ser analizado ambientalmente.

Junto a esto, la directora regional del SEA precisó que el proyecto, al corresponder a un conjunto de uso mixto, contempla entre sus partes un edificio de uso público, específicamente una torre destinada a oficinas y una placa de equipamiento comercial, para la cual el proponente estima una carga ocupacional de 4.735 personas, además de la habilitación de 897 estacionamientos vehiculares.

Bajo estos valores, dijo, no se configura la obligación de ingresar el proyecto al SEIA, por cuanto el reglamento del servicio señala que una obra debe ser sometida a evaluación cuando considere la construcción de edificios de uso público con una capacidad para cinco mil o más personas o con mil o más estacionamientos.

A fines del año pasado, la Dirección de Obras de Las Condes aprobó el anteproyecto, que se había estancado ante una serie de divergencias entre esta repartición y la Contraloría, por una interpretación de la norma urbanística sobre la validez de ciertos incentivos que permiten aumentar la constructibilidad.

Todo quedó zanjado luego de la promulgación del Decreto Supremo Nº 14 en octubre pasado, que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y que fue en respuesta a los cuestionamientos de la Contraloría sobre algunos incentivos y condiciones incorporados en los planos reguladores.