Gobierno negocia reducción de impacto tarifario de desaladora en Copiapó

El proceso tarifario de Aguas Chañar, empresa que abastece a la Región de Atacama y que fue adquirida por la japonesa Marubeni y el fondo de inversión Toesca en abril del año pasado, continúa en análisis.

El superintendente (S) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, informó que a petición de las autoridades se sigue explorando alternativas de financiamiento de los costos de operación de la planta desaladora de Atacama, para reducir el impacto tarifario que asciende a 15% de acuerdo a la estimación inicial tras concluir el proceso tarifario con Aguas Chañar, un nivel que -no obstante- habría llegado al 40% de no haberse contado con el financiamiento total de la planta a través de recursos públicos.

La planta desaladora de agua de mar de Atacama, que tiene como fin de mitigar el efecto de la extendida sequía en dicha Región de la zona norte del país, servirá para atender el consumo humano cumpliendo con las normas de calidad, permitiendo cubrir la demanda por el suministro de más de 220 mil personas de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla, donde hoy existe un agotamiento y deterioro de los acuíferos y una consecuente crisis hídrica.

Anteriormente, Rivas dijo que la entrada en operación de la desaladora en la comuna de Caldera, implicaba un aumento de 40% en las tarifas. Esta cifra disminuyó tras el resultado del último proceso tarifario, consiguiendo que tan solo se incluyera en las tarifas los costos de operación y mantenimiento de la desaladora. El titular de la SISS precisó que, no obstante, "nos encontramos explorando alternativas de financiamiento para reducir aún más ese 15%, y para ello tenemos un año de análisis, dado que la nueva planta desaladora se estima comenzará a operar a fines de 2020 o inicios de 2021", indicó.

El titular de la SISS destacó que la entrada en operación de la planta desaladora permitirá mejorar la calidad del agua potable del 70% de la población de la Región de Atacama, abasteciendo a la comunidad con un producto de acuerdo a los requisitos vigentes, con todos los parámetros medidos por la Norma Chilena NCh 409 en regla, lo que va en directo beneficio de la salud y de la calidad de vida de las familias que residen en la zona.

En este sentido, el superintendente (S) Rivas hizo notar que la calidad del agua se controla a través de un procedimiento de muchos muestreos físicos, químicos y bacteriológicos, los cuales son fiscalizados en forma permanente por la SISS, "en consecuencia los vecinos podrán con toda seguridad tomar agua directamente de la llave y con ello generar un importante ahorro en su presupuesto al sustituir la compra de agua embotellada por agua de la llave", señaló.

Además, precisó, con la puesta en marcha de la desaladora, se puede asegurar el suministro de agua potable a la población, en tiempos de escasez hídrica, como la que se está enfrentando actualmente. De esta manera, la Región de Atacama tendrá un cumplimiento absoluto de las normas de calidad del agua gracias a las obras que se están llevando a cabo, marcando un hito y saldando una deuda que se tenía con los habitantes de la Región.

Cabe señalar que la planta, cuyo costo de construcción es de más de US$ 110 millones, es financiada por el Estado a través de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (ECONSSA), dueña de la concesión que es explotada por Aguas Chañar. Dichos recursos fueron íntegramente aportados por el Fisco, precisamente para evitar que el costo fuera a recargar las cuentas de los clientes.

Desde Aguas Chañar indicaron que no cobrará "ni un solo peso o beneficio por ella" cuando la planta entre en operaciones -se estima- a principios de 2021.

Sobre una supuesta alza en las cuentas de un 15%, anunciada por la SISS, la sanitaria indicó que correspondería exclusivamente a los costos directos que significa operar y mantener esta planta desaladora -esto es, energía, insumos y sueldos del personal para una operación de gran envergadura como esta-, nuevamente, sin ninguna ganancia para nuestra empresa. Estos montos son definidos por quien la construye y de momento la empresa sanitaria no tiene una relación directa con la desaladora, ya que se encuentra en construcción.

"Consideramos que un alza, por justificada que sea, es inadecuada en este momento y entendemos que la SISS y el Gobierno Regional se encuentran evaluando diferentes alternativas para evitar este cobro para la población de las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral".