Regulador español reabre un expediente sancionador a grandes constructoras por presunto reparto de obras públicas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España reabrió un expediente sancionador contra las grandes constructoras por supuestamente repartirse obras públicas, tras caducar el que inició hace casi dos años al no haber completado su tramitación en el plazo legal de 18 meses con que cuenta para ello.

El 'superregulador' atribuye a la complejidad de la investigación y a un defecto de forma el hecho de que haya concluido el plazo de instrucción del expediente sin lograr resolverlo.

No obstante, la CNMC asegura que la eventual infracción investigada no ha prescrito, por lo que ha incoado un nuevo procedimiento sancionador "en relación con los mismos hechos y presuntas responsabilidades", según fuentes de la comisión.

El 'macroexpediente' que ha caducado sin resolver y que ahora se reabre es el incoado en octubre de 2018 a siete constructoras al detectar "indicios racionales" de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la licitación de obras de infraestructuras públicas.

Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y la extinta Isolux Corsán, a través de sus respectivas filiales constructoras, son las firmas involucradas en el expediente. En su día, técnicos de la CNMC llevaron a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de ellas.

Según indicó entonces el regulador español, estas constructoras habrían constituido un grupo "estable y formal" en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.

De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos, una práctica que, para la CNMC, supone la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.

Complejidad
La CNMC no ha podido resolver este expediente en el plazo de 18 meses que la Ley de Competencia fija para ello, con lo que ha resuelto declarar "caducado" el expediente y ha instado "a iniciar de nuevo su tramitación".

El órgano que actualmente preside Cani Fernández asegura que la tramitación del expediente sobre las constructoras "ha estado condicionada por la complejidad que supone investigar y analizar unas conductas que se han desarrollado durante un periodo de tiempo muy prolongado y que han afectado a una gran cantidad de licitaciones públicas".

A ello se suma el hecho de que se detectó un defecto en la tramitación del procedimiento, según detalla la CNMC, que tiene en la lucha contra los cárteles uno de los principales objetivos, al considerar que plantean "graves consecuencias" para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

En fuentes del sector de las constructoras indicaron que el reinicio del expediente "pone de manifiesto la irregular e inadecuada tramitación del procedimiento y la deficiente argumentación de la CNMC a lo largo de este proceso".