Rappi, Uber, Glovo y otras apps, en alerta por la creación de un sindicato de choferes y repartidores en Argentina

Trabajar las horas que uno quiera y sin jefes. Bajo este slogan se sucedieron start-ups que se expandieron internacionalmente a través de un esquema de contratación que se apalanca en colaboradores sin relación de dependencia. Sin embargo, la reciente creación de la Asociación de Personal de Plataformas (APP, de acuerdo a sus convenientes siglas) impacta al core del negocio de estas aplicaciones. Entre los principales reclamos del sindicato, están que las empresas se hagan cargo del pago del monotributo y del seguro contra todo riesgo -hoy, a cargo de todos sus "proveedores"- y su reconocimiento como "trabajadores" y no "socios", como los consideran las compañías.

Los cimientos de APP se fundaron en julio, cuando varios repartidores de la colombiana Rappi, que había desembarco en el país en marzo, iniciaron una huelga en la puerta de la filial local. Al no contar con una respuesta satisfactoria, y tras varias charlas con colegas de otras plataformas que describían estar en una situación similar, decidieron organizarse formalmente. Así, se inscribieron como sindicato en la Secretaría de Trabajo y, ahora, pedalearán el largo camino hasta conseguir la personería gremial.

"Es una relación de dependencia encubierta. Tendrán que reconocerlo a mediano o largo plazo. Las otras aplicaciones tienen el mismo problema que nosotros: las empresas imponen y nosotros queremos que las empresas nos incluyan en la toma de decisiones", exclama Roger Rojas, vocero de APP y delegado de Rappi. Según el rappitendero, el sindicato también incluye a varios trabajadores de la española Glovo, a varios repartidores de Mercadoni y Treggo, y algunos choferes de Uber, aunque esta última dice que este asunto gremial sólo se limita a las apps de delivery.

Con respecto al cambio en el modelo de negocios que esto puede implicar, el abogado Juan Ottaviano, quien trabaja con APP, aseguró: "Hay margen para que las empresas readecúen su modalidad". El letrado integra el estudio del exMinistro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Tomada (Tomada & Asociados).

Las apps de economía colaborativa que basan su negocio en el transporte, tanto urbano como de mercaderías, tienen como principal pilar de sus finanzas el cobro de comisiones por cada viaje o venta realizada. En el caso de Rappi y Glovo, son las empresas que venden sus productos a través de la plataforma las que sostienen los números, mientras que, en Uber y Cabify, es el conductor el que realiza el aporte. Sin embargo, la estructura se construye sobre un punto fundamental: los "socios" no son empleados de la compañía.

Según José Zabala, socio del estudio Adrogué, Marqués, Zabala y Asociados y especialista en Derecho Laboral, el inicio de la actividad sindical en este tipo de empresas trae aparejados cambios inmediatos. "Hay fallos de la Corte en los que se les da protección a integrantes de los sindicatos, aunque aún no tengan personería gremial, frente a medidas que los empleadores puedan tomar contra ellos". A su vez, analizó: "Si el sindicato genera cierta acción sindical con intensidad, esto puede provocarle a las compañías la necesidad de sentarse a negociar para resolver las cuestiones y eso es probable que conlleve un aumento de costos".

Desde Uber, señalaron que estos reclamos no reflejan la realidad de la empresa. "Hoy no tenemos ningún planteo de este tipo. El 60% de los choferes trabaja menos de 20 horas a la semana", apuntaron. En tanto, Cabify les dio libertad a sus conductores para unirse al sindicato.
Joaquín Wagner, fundador de Treggo, la plataforma de mensajería que comenzó a operar a comienzos de 2017, analizó: "No le veo mucho sentido a crear un sindicato porque este tipo de economía no tiene trabajadores que trabajen para una app, ya que son independientes y hasta pueden ejercer el mismo rol en dos aplicaciones a la vez". Explicó que, en su compañía, el 90% de los partners son motociclistas que ya pertenecen a la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros (ASiMM). "Sindicalizar en función de destruir no es bueno. Esto le da trabajo a mucha gente", advirtió.

Por su parte, Rappi emitió un comunicado en el que recordó que tiene 150 empleados en el país, donde, en siete meses, invirtió más de US$ 7 millones. "Reforzamos el compromiso en trabajar junto con las autoridades para desarrollar un marco normativo que se adapte al nuevo paradigma y desafíos de la economía colaborativa y digital 4.0", remarcó.