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TDLC da luz verde a Gobierno de Piñera y reactiva licitación de Transantiago
Pese a los esfuerzos de la exministra Tapia el tribunal anticompetencia se demoró casi un mes en contestar recurso de reposición.
Por: Lourdes Gómez | Publicado: Martes 13 de marzo de 2018 a las 17:35 hrs.
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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió dejar en stand by la suspensión de la licitación del Transantiago y reactivó el proceso, acogiendo de esta forma la solicitud de reposición que presentó la ex ministra Paola Tapia el pasado 15 de enero.
Casi un mes se demoró el tribunal anticompetencia en dar respuesta a la petición de la ex autoridad que buscaba levantar la suspensión o bien revertirla momentáneamente para poder conocer las ofertas económicas presentadas por los operadores -documentos que hasta ahora descansan en paquetes sellados- para constatar que no hubo colusión en la postulación.
Este fue el segundo intento del ministerio entonces liderado por Paola Tapia que no tuvo el efecto deseado. Esto ya que el 30 de enero ya habían entregado al Tribunal una serie de antecedentes -respaldados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el estudio FerradaNehme- para reanudar el proceso, también sin éxito.
Tras la resolución de TDLC, la cartera liderada por la ministra Gloria Hutt informó que "los equipos técnicos y legales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones están analizando las sentencias interlocutorias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia...A partir de estos antecedentes, en el más breve plazo tomaremos una decisión que tendrá como foco contar con el servicio de transporte público que los usuarios de Santiago esperan para mejorar su calidad de vida".
Origen de la paralización
La paralización del proceso surge a raíz de la demanda interpuesta ante el TDLC por Transportes Santín, que junto a la medida prejudicial presentada por Transanber, acusaban al Ministerio por supuestas posiciones de desventaja para los nuevos operadores en el proceso.
En la ocasión, el TDLC argumentó en un documento su decisión señalando que “es necesario decretar la medida cautelar solicitada para impedir los eventuales efectos negativos de la conducta y resguardar el interés común”.
“Se han acompañado antecedentes que constituyen a lo menos presunción grave del derecho que se reclama”, añadía el escrito.
