Enel, Saesa y Chilquinta extienden plazos para solicitar facilidades de pago y amplían alcance de medidas al 60% más vulnerable

Tras la prorrogación del estado de catástrofe por 90 días decretado por el gobierno, Enel Distribución decidió extender por este período el plazo para solicitar convenios especiales de pago por los efectos de la pandemia, los que forman parte del paquete voluntario de medidas que fue anunciado por las autoridades y las empresas de servicios básicos el pasado 25 de marzo.

Este paquete de ayuda estaba destinado a apoyar a las familias más vulnerables de su zona de concesión con el pago de sus deudas morosas de electricidad durante la vigencia del estado de catástrofe decretado el día 19 de marzo. En la ocasión, la compañía se comprometió a eximir de cortes de suministro a aquellos clientes que forman parte del 40% más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares, además de ofrecerles convenios especiales de pago, sin pie ni intereses, prorrateando el monto adeudado en 12 meses, con la primera cuota a contar de julio de 2020.

Sin embargo, esta vez, junto con extender la vigencia del acuerdo, Enel decidió ampliar su alcance desde el 40% al 60% de los grupos familiares más vulnerables de acuerdo al Registro Social de Hogares. Esto coincide con lo que quedó finalmente estipulado en el proyecto de ley que fue despachado el jueves pasado desde la Sala del Senado y que hoy vive sus horas clave de cara a un inminente envío del texto al Tribunal Constitucional. 

La compañía informó que, adicionalmente, podrán solicitar este paquete de beneficios la población adulta mayor de 60 años, las personas acogidas a alguna de las causales de la Ley de Protección del empleo (ley 21.227) y los trabajadores independientes e informales cuyos ingresos hayan caído significativamente lo que justifique la solicitud del beneficio.

También quedarán exentos del corte de suministro por mora durante el período antes señalado, además de los clientes residenciales pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, los hospitales y centros de salud, las cárceles y recintos penitenciarios, los hogares de menores en riesgo social, los hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores, bomberos y las microempresas definidas según la ley 20.416 y las organizaciones sin fines de lucro.

Para acceder por primera vez al convenio de pago para clientes vulnerables o bien para aplazar la fecha de inicio de pago en los casos que ya lo hayan suscrito, los interesados deberán proporcionar a Enel Distribución todos los antecedentes necesarios para acreditar su pertenencia al grupo de potenciales beneficiarios a través de su sitio web.

La firma precisó que los clientes que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y enfrenten dificultades con sus pagos, pueden acceder a un convenio automático en la página web de la compañía (hasta 10 UF) o solicitar convenios por un monto superior, los que serán analizados caso a caso, luego de proporcionar la información necesaria para el proceso.

Pero no fue la única. Con el correr de las horas, esta tarde se sumaron al anuncio el grupo Saesa y Chilquinta. En un comunicado, la primera dijo compartir la inquietud del gobierno y del Congreso en cuanto a alivianar la difícil situación de sus clientes en estos momentos excepcionales, por lo que -aseguró- "hemos determinado voluntariamente estas facilidades".

Sin embargo, agregó, "debemos destacar la relevancia de que toda iniciativa cumpla con los requerimientos constitucionales y garantías que rigen el marco jurídico nacional, que ampara todas las actividades y bajo el cual se desarrollan y se han confiado relevantes inversiones para su desarrollo y modernización".

El sector sanitario también se acopló a la medida. Esval y Essbio también ampliaron el plan de beneficios al 60% de los hogares más vulnerables, sumando a micropymes, establecimientos educacionales y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. 

El gerente general de Essbio, Cristian Vergara, sostuvo que el plan de beneficios que impulsa la sanitaria se mantendrá vigente mientras dure el actual estado de catástrofe decretado por el gobierno. "Se trata de medidas excepcionales dada la profundidad de esta pandemia", dijo.

Respecto al proyecto de ley aprobado por el Congreso, Vergara afirmó que "valoramos y comprometemos nuestra colaboración con las iniciativas legislativas preocupadas por alivianar la carga de las familias que se vean incapacitadas temporalmente para pagar nuestro servicio durante esta crisis".

No obstante, debido a la sequía extrema que enfrenta el país, enfatizó que "habría sido importante que el proyecto de ley hubiese fijado un límite de consumo de agua". En ese sentido, planteó que "es esencial que toda iniciativa legal cumpla con los requerimientos y marco jurídico que regulan y salvaguardan al sector sanitario, asegurando su sostenibilidad medioambiental, social y económica en el futuro".