AES Gener e Isidoro Quiroga devuelven derechos de agua sin uso y se suman a Enel

Además del carácter de concesión que se le busca dar a los derechos de agua, hay otros dos puntos de la propuesta de reforma al Código de Aguas que han suscitado críticas en el sector privado.

Uno es la idea de caducar estas licencias cuando cumplan ocho años sin uso, al tiempo que se propone una fuerte alza de la patente que en el intertanto deben pagar estos titulares.

Quienes critican estas dos modificaciones plantean que el actual mecanismo de patentes, vigente desde 2005, ha logrado el efecto para el cual se creó, es decir, que los recursos se usen o en el caso contrario que sean devueltos, evitando la especulación.

Ejemplos de ello, dicen, hay de sobra por estos días, ya que a Enel Generación Chile (ex Endesa Chile), que en agosto anunció que devolvería al Estado el 25% de los derechos que tenía, trámite que ya concretó, se han sumado otros importantes tenedores de este tipo de licencias.

Hace unos días, en un encuentro organizado por el Comité de Energía de la Cámara de Comercio Chileno- Australiana (Auscham), el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, comentó que había una segunda gran empresa eléctrica que, movida por temas de eficiencia y de menores perspectivas de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, había replicado a la filial de la italiana Enel y extraoficialmente en la cartera indicaron que esta firma era AES Gener.

Consultada la empresa confirmó la renuncia y explicaron que están "constantemente evaluando las distintas opciones de crecimiento, y en ese contexto, al revisar técnica y económicamente nuestro portafolio de potenciales proyectos hidroeléctricos, vemos que algunos de ellos no resultan atractivos".

Lo anterior, añadieron en la empresa, implicó que en 2015 y 2016 devolvieron una serie de derechos de agua no consuntivos. En el primer año, según detalló ayer la Dirección General de Aguas (DGA), correspondió a 17 derechos en seis cauces y el año pasado fueron tres licencias en las regiones de la Araucanía y Aysén.

El caso de Quiroga

En la industria se comenta también que el empresario Isidoro Quiroga, a través de distintas sociedades ligadas a Electro Austral, ha renunciado a volúmenes relevantes de derechos de aprovechamiento, movido por el alto costo asociado a las patentes por no uso, las que según establece el sistema han sufrido fuertes incrementos, ya que en 2012 el monto se duplicó y este año se cuadruplicó, lo que según estimaciones de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec) ha influido en una importante reducción del pago efectivo de patentes, lo que en la práctica redunda en una devolución de las licencias.

Según un estudio elaborado por este gremio, si en 2007 -el primer año en que se cobró por el no uso de los derechos- el 99% afecto a estos concretó el pago, en 2016 sólo lo hizo el 55%, lo que deja en evidencia a juicio de la entidad la positiva evolución de este mecanismo que hoy está en revisión en el Senado, pues considera los plazos naturales en que una empresa analiza el potencial de un proyecto y decide su desarrollo, a diferencia de los ocho años ahora planteados.

Ayer la DGA informó que por efecto de patentes y la detección de nuevos derechos afectos al pago, para este año esperan recaudar US$ 110 millones, un alza de US$ 43 millones respecto de 2016.

Pese a la devolución y tras la decisión de Enel, Eléctrica Centinela, ligada a Isidoro Quiroga, figura con el monto más alto a pagar con US$ 2,3 millones asociados al proyecto Achibueno, mientras que AES Gener le sigue en el segundo y tercer lugar, aunque en términos acumulados, paga más, con
US$ 4,4 millones.

12 proyectos de agua en trámite

Un recuento realizado por especialistas estableció que son doce los proyectos que actualmente están en trámite en el Congreso y que plantean modificaciones al Código de Aguas, siendo sólo uno de ellos el que ha concentrado la polémica y que tras su aprobación en la Cámara de Diputados, hoy está en el Senado.
Esta iniciativa inició su trámite en 2011, aunque posteriormente el gobierno le introdujo una indicación sustitutiva.

Las otras son planteamientos que datan desde 2008, siendo la más reciente una de agosto pasado y que postula nuevas exigencias para las obras de aprovechamiento de aguas subterráneas y eleva el monto de las multas aplicables.

Otra moción de 2014 busca priorizar el consumo humano sobre otros usos del vital elemento.

"No es cierto que la reforma al Código de Aguas no sea retroactiva"

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, aseguró hace unos días a este medio que es necesario debatir sobre lo que el proyecto de Reforma al Código de Aguas contiene y no sobre lo que se le atribuye, haciendo referencia entre otros, al carácter expropiatorio del proyecto que han planteado alguno de sus detractores.
Al respecto, Rodrigo Weisner, ex director General de Aguas y socio de Puga Ortiz Abogados, rebatió los dichos del secretario de Estado.

-¿Está de acuerdo con la postura del gobierno sobre esta reforma?

-No. El proyecto sí afecta a derechos adquiridos. Entonces, cuando el Ministro de Agricultura sostiene que "no hay ninguna disposición que permita afirmar que el proyecto genere efectos de retroactividad que afectará a los que actualmente son propietarios de derechos de agua", debo señalar categóricamente que eso no es cierto.

-¿En qué casos se produce esa afectación?

-Por ejemplo en la caducidad por no uso. Hoy los derechos que no se usan deben pagar patente. El proyecto aprobado establece una causal de extinción (pérdida) de esos derechos. Es la consagración de la retroactividad más evidente, siendo legítima la discusión de la bondad o no de la caducidad por no uso, lo que no me parece legítimo es sostener que esta norma no es retroactiva.

Algo similar ocurre con la autorización a la DGA para imponer caudales ecológicos "respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes" y las nuevas regulaciones para cambios de punto de captación, y cambios de fuente de abastecimiento

-Se ha hablado de "campaña del terror" por parte de ciertos sectores...

-Me parece una manera inadecuada de defender un proyecto de ley. Creo que cuando se impulsa una reforma legal que afecta intereses (los que sean) debo hacerme cargo como gobierno en atender esas inquietudes y argumentar en concreto.

Pero descalificar al que opina distinto de hacer una campaña del terror lo único que hace es fortalecer el argumento de la otra persona.