Cámara de Diputados despacha ley corta de distribución

Con 120 votos a favor y cinco abstenciones -de miembros de la Bancada Regionalista e Independientes-, ayer se aprobó en general en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que busca bajar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica, por lo que el texto fue despachado al Senado para continuar su trámite legislativo.

El articulado busca bajar las tarifas en el próximo proceso tarifario que se iniciará a fin de año, lo que se lograría pasando de una tasa de retorno de 10% antes de impuestos a una variable entre 6% y 8% después de impuestos.

Además, la iniciativa fue aprobada en particular, aunque un grupo de parlamentarios de regiones e independientes intentaron reponer un artículo que llevaba el piso de rentabilidad a 0%, lo que finalmente se rechazó por un estrecho margen de 59 votos en contra, 56 a favor y 16 abstenciones.

El Ministerio de Energía ha buscado una rápida tramitación de la denominada ley corta, considerando la intensa agenda legislativa marcada por la discusión de diversos proyectos y el hecho que se aproxima un proceso para definir un nuevo Valor Agregado de Distribución (VAD) donde se buscará introducir la rebaja que se generará si se aprueba esta iniciativa.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde ya han surgido voces que intentarán introducir algunos cambios adicionales al texto, buscando no perjudicar a las cooperativas eléctricas, algo que no está en los planes del gobierno.

En la Cámara, Energía ya había hecho cambios en este sentido, agregando nuevas áreas típicas -sobre la cual se crea la empresa modelo que sirve para definir las tarifas- que buscan reflejar la realidad de las cooperativas, que funcionan generalmente en zonas rurales o de menor densidad de población.

Aunque en el mundo técnico la ley corta ha generado apoyo, una editorial de la consultora Systep planteaba el riesgo de que con la baja de tasas que se está logrando -que tendrá un efecto de menos de 5% en clientes residenciales- se podría perder el incentivo político de seguir legislando en los temas de fondo del sector de distribución.