Distribuidoras eléctricas cuestionan rol de la CNE y calidad técnica de estudio que definirá tarifas a clientes

El mundo eléctrico está bajo tensión. No solo por la operación del sistema, presionado por la creciente falta de recursos hídricos, si no que a raíz de uno de los procesos tarifarios más relevantes que está en curso actualmente.

Se trata del estudio para el cálculo de los componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD), que en términos simples determina la tarifa que se cobra a clientes regulados, los que en su mayoría son residenciales. En este caso, se están determinando los valores para el período que partió en noviembre de 2020 y hasta 2024.

El proceso ha cobrado relevancia no solo por lo sensible del tema de cara a los consumidores, sino porque es el primero en aplicar los cambios aprobados a fines de 2019, que consistían en fijar rentabilidades de entre 6% y 8% después de impuestos, así como cambiar el sistema bajo el cuál se hacen los cálculos. Si antes las empresas y la Comisión Nacional de Energía (CNE) hacían sus estudios y luego se promediaban (bajo una ponderación de 1/3 vs. 2/3), ahora se contrató un consultor independiente para hacer un análisis único.

Este contrato se lo adjudicó en agosto del año pasado la consultora Inecon y, por bases, tenía 100 días hábiles para entregar su resultado final. Ha pasado casi un año y, según consta en el expediente, el documento final no ha llegado. La última fecha conocida para esto era el 28 de julio.

Pero el problema no es solo el mayor plazo. Hace unas semanas, los representantes de las cinco compañías que forman parte del Comité del Estudio de Costos, instancia que acompaña el procedimiento, escalaron la preocupación que han venido mostrando internamente por como se está llevando el proceso y el rol que está jugando la CNE.

En una carta a José Venegas, secretario ejecutivo de la CNE, a la que tuvo acceso este medio, se acusa que el organismo “no ha ejercido las funciones y deberes que le competen en relación con el resguardo de la calidad y completitud del Estudio VAD, así como su sujeción a la norma vigente”.

Esto, porque según la ley, debe hacer de contraparte técnica del consultor a cargo del estudio. Los representantes de Chilquinta Energía, Enel Distribución, Compañía General de Electricidad, Sociedad Austral de Electricidad y de Fenacopel, que representa a las cooperativas, cuestionan que los informes de avance que ha presentado Inecon se han aprobado solo por los votos de los representantes del gobierno en la instancia -tanto de la CNE como del Ministerio de Energía-, “pero con la oposición de todos los representantes de las empresas”, a raíz de “falencias, errores e infracciones”, explican.

Consultada la CNE, señalaron que el proceso de tarificación de la distribución eléctrica avanza según lo establecido en la Ley, y que recién se está en la primera de las tres etapas que implica: la elaboración del estudio. “El informe final, cuando sea entregado, será revisado por el Comité Estudio de Costos VAD dentro de este mes”, dijeron.

Agregó que el proceso de tarificación garantiza a las empresas su participación y transparencia en el proceso, así como a realizar observaciones e, incluso, llegar hasta el Panel de Expertos, organismo técnico que dirime las disputas. “Son esas las instancias formales establecidas en la Ley y no el envío de cartas al regulador por parte de las empresas interesadas cuando ni siquiera se ha llegado al informe final”, dijo la CNE.

410 observaciones

El tema de fondo -agregan las empresas en la carta- es que los documentos que se han presentado tienen problemas por falta de trazabilidad, reproducibilidad y completitud de los datos sobre los cuales se están construyendo los modelos, lo que -dicen- les impide ejercer correctamente la supervisión del estudio.

Según las bases, el consultor debe entregar dos informes de avances, para luego presentar el resultado final. Fue el segundo de esos reportes de progreso el que mayores críticas ha levantado. Según la carta, fue objeto de 410 observaciones y pese a que la mayoría no fueron resueltas, “igualmente fue aprobado”.

Consultada la CNE sobre por qué se han aprobado pese a encontrar deficiencias, señaló que “hasta ahora los informes entregados son de avances, por su esencia perfeccionables”.

“Según las bases, la exigencia de trazabilidad se aplica al informe final, que no ha sido entregado todavía. Cuando así sea, ciertamente deberán aplicarse las exigencias de las bases”, destacaron.

Luego agregó que la “CNE ha sido rigurosa en atenerse a las atribuciones y obligaciones que le corresponden”.

US$ 1.200 millones menos

La definición de las tarifas siempre es un tema sensible, pero en esta oportunidad hay altas expectativas de lo que se puede lograr con la baja de rentabilidad y el nuevo modelo de estudio único. En el marco de la discusión de la Ley Corta en 2019, se estimó que las empresas recibirían del orden de US$ 1.200 millones menos por estos dos factores.

En la carta, además, se citan palabras del presidente del Comité de Estudios de Costos, que representa a la CNE, en el sentido de aprobar el documento de avance para que en la versión final se puedan corregir las deficiencias, agregando que además “la comisión puede tomar el informe del consultor y rehacerlo en todo lo que estime”.

“Es fundamental que la autoridad garantice la calidad, trazabilidad y completitud del Estudio VAD (... e) instruya al consultor para que subsane los errores y vicios y entregue el material que permita observar el trabajo realizado”, indica la carta al agregar que de lo contrario, ineludiblemente la versión final adolecerá de problemas similares, incumpliendo con las bases de un insumo que será utilizado para calcular las tarifas que pagarán los clientes los próximos cuatro años.

A su vez, la autoridad señaló que este “es un proceso nuevo, que afecta estructuralmente a todas las empresas distribuidoras, con importantes cambios legales y cuyo resultado representa el 20% de la tarifa que pagan las familias. Es, además, un proceso donde hay intereses variados y contrapuestos y es deber de la CNE representar rigurosamente el interés de las familias que deberán pagar las tarifas por un servicio eficiente, seguro y de calidad”.