El engranaje que echará a andar la denominada portabilidad eléctrica

Después de varios años de diagnósticos y estudios, el 10 de septiembre el gobierno dio el puntapié inicial a su gran promesa en materia energética, proponiendo una profunda reforma a la distribución eléctrica, que abastece a 6,7 millones de clientes regulados, entre residenciales y comercios o industrias de pequeña escala.

Luego de que el gobierno dividiera esta reforma en tres proyectos de ley -portabilidad eléctrica, calidad de servicio y generación distribuida- para dar celeridad a su aprobación, se presentó la primera iniciativa. Esta abarca tres aspectos: habilitación de la comercialización a clientes regulados, modernización de las licitaciones de suministro y la creación de un nuevo ente independiente que gestione la información que se genere.

El primero de esos tres temas será el eje central y busca instaurar la portabilidad eléctrica, que -así como en el sector de telecomunicaciones- alude a la posibilidad que tendrán los clientes de elegir a quién le compran la electricidad: si directamente a su distribuidora como es hoy, u a otro actor que quiera entrar a este nuevo mercado.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dijo que “los cambios permitirán paulatinamente a los clientes regulados elegir a qué empresa le compran la energía, qué fuentes quieren que produzca esa energía y que tipo de servicio desean recibir”.

“Estamos introduciendo modificaciones para generar competencia y empoderar a los clientes, lo que redundará en un mejor servicio y precios más bajos”, agregó.

El corazón de la reforma

Según el detalle del proyecto de ley que este lunes será explicado por Jobet en el Congreso -y luego, el jueves, será abordado en un congreso organizado por Cigre-, esta es una reforma profunda que irá acompañada de mecanismos que permiten que esta la competencia.

Hoy la distribución comprende tanto el negocio de infraestructura de redes a usuarios finales, como la venta de energía. La desintegración de ambos segmentos, implicará que las distribuidoras -como Enel o CGE- se quedarán con el primer negocio, mientras en el segundo podrán participar compitiendo con otros actores, los “comercializadores”.

De cara a los clientes, la creación de esta figura permitirá que la competencia se de en atributos como fuentes de suministro -por ejemplo privilegiando las renovables-, tarifas y servicios adicionales. Esto pondrá “presión” a las compañías y debería derivar en mejor calidad de servicio.

Sin embargo, el cambio de modelo no será de un día para otro. Los ojos se han puesto sobre la transición entre ambos sistemas, dados los contratos de suministro de largo plazo que ya fueron licitados y que se hicieron bajo un escenario de demanda donde no estaba contemplado este modelo.

De este modo, el documento muestra que habrá una apertura paulatina del mercado, por zonas o comunas, donde en principio pesará un factor de contaminación (para incentivar el recambio de calefactores a leña en el sur, por ejemplo) o para compensar el retiro de centrales a carbón (que debería compensar el menor peso de ciertos beneficios de precios que tienen por la Ley de Equidad Tarifaria).

Por eso, habrá una marcha blanca por zonas. Junto con definir las comunas piloto, se deberá establecer un procedimiento técnico que, a través de un decreto, determine las que irán entrando al nuevo régimen.

El rol del gestor de información

Para que la comercialización se implemente de manera adecuada, será clave el gestor de información -que fue tomado de la experiencia de países como Reino Unido y Dinamarca-, el que deberá garantizar el acceso equitativo a la información y proteger los datos. Será licitado e independiente, por 10 años mínimo.

Una pregunta que probablemente se pondrá sobre la mesa en este punto será el rol que podría llegar a asumir la medición inteligente que hoy está en pausa. Según comentan fuentes, para que las personas tengan la posibilidad de elegir, tienen que tener disponibles sistemas de captura de datos eficientes y transparentes.

Además, la reforma incluirá nuevas tareas para la Comisión Nacional de Energía (CNE) y del Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).