Interchile se defiende por los atrasos en megalínea: “Los dirigentes han impedido que nuestras propuestas se discutan y voten”

Con un avance total de 99,4%, restando sólo ocho torres y 17 kilómetros de tendido eléctrico para terminar la construcción e iniciar la energización completa de la megalínea Cardones-Polpaico, el gerente general de Interchile (filial de la colombiana ISA), Jorge Rodríguez, asegura que el compromiso está en cumplir con la entrada en operación de la línea el 11 de junio.

Pero el camino está cuesta arriba, ya que además del cobro de las boletas de garantía, la semana pasada la Comunidad Agrícola La Dormida lanzó públicamente sus dardos contra la empresa en el Congreso.

En esta entrevista, que fue contestada por escrito, el ejecutivo hace sus descargos. "Los dirigentes de la comunidad han buscado desinformar y confundir a la opinión pública respecto de las reales causas y motivaciones que los llevan a evitar el diálogo y buscar un conflicto que perjudica al país entero", dice.

- ¿Les sorprendió que la ministra de Energía, Susana Jiménez, decidiera cobrar boletas de garantía por el retraso en el tramo 2 del proyecto?

- Existió sorpresa, pues la empresa tiene la convicción de que el atraso del proyecto Cardones-Polpaico está absolutamente fundamentado en causas fortuitas y hechos de fuerza mayor que impidieron avanzar y que han generado una cadena de retrasos que vemos hoy en parte reconocidos en la decisión del Ministerio, que aceptó la justificación para 84 días de los 135 días de retraso.

El Ministerio, al aplicar criterios de jurisprudencia administrativa basada en la realidad de proyectos de naturaleza, realidad y envergadura totalmente diferentes, no reflejó las complejidades particulares de este megaproyecto de interconexión eléctrica y es lo que estamos apelando.

- ¿Por qué deciden demandar inmediatamente a la ministra tras el cobro de las boletas? ¿En qué medida este conflicto afecta la relación con el gobierno, considerando que la autoridad mostró su apoyo a la iniciativa e incluso se mantuvo varios meses sin presentar cobros ni multas?

- La acción judicial es en contra del Ministerio de Energía, no de la ministra en particular y se enmarca dentro del derecho que la institucionalidad chilena le confiere a cualquier persona natural o jurídica y que debemos ejercer en defensa de los legítimos intereses de nuestros accionistas, pues consideramos que para proceder a ejecutar la garantía, se requería del previo trámite de toma de razón en la Contraloría.

Ello no representa un conflicto con la autoridad, lo que tenemos es una diferencia de criterio que será dirimida por quien tiene la competencia; de hecho, seguimos en permanente coordinación con el Ministerio para sacar adelante este proyecto. Interchile tiene la convicción de que los argumentos presentados acreditan de manera contundente todos los obstáculos de fuerza mayor que han surgido en el avance constructivo del proyecto.

- La empresa First Solar recurrió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos y omisiones del Ministerio por no cobrar las boletas de garantía, asegurando que el incumplimiento de los plazos le ha supuesto perjuicios a las generadoras de ERNC de la zona por US$ 100 millones. ¿Están conscientes de este impacto?

- Este proyecto es estratégico para que Chile siga siendo líder mundial en energías renovables no convencionales y somos los más interesados en que esta línea de transmisión entre en operación, interés que compartimos con todo el sector de las ERNC. Cada empresa dentro de sus estrategias y políticas empresariales, es libre de iniciar las acciones que estime convenientes para velar por sus intereses.

Conflictos en La Dormida

- ¿Cómo están enfrentando la oposición que ha mostrado la Comunidad Agrícola La Dormida?

- Lamentamos profundamente que este tema no se logre resolver dentro de los canales institucionales y se prolongue un conflicto que afecta a todo el país. Hemos tramitado las compensaciones según las exigencias de la ley, los tribunales y la Comisión Tasadora independiente, lo cual nos otorgó el derecho a la servidumbre eléctrica y el ingreso al predio para continuar construyendo.

Si bien el propietario puede seguir discutiendo el valor de la indemnización, ello no limita el derecho de Interchile de construir la obra, por lo que las oposiciones movilizadas que hoy vemos son completamente por fuera del marco legal y con foco en el conflicto.

Uno de los temas que más nos ha preocupado es que la comunidad esté bien informada. Los dirigentes han impedido que las diferentes propuestas realizadas por la empresa hayan sido objeto de discusión y votación por parte de toda la comunidad.

Estamos seguros de que si las bases de la Comunidad de La Dormida hubiesen podido expresarse en una votación legitima, informada y transparente respecto al acuerdo voluntario que propusimos, los resultados habrían sido muy diferentes. Los dirigentes tienen una inmensa responsabilidad en la forma en que han llevado adelante este tema, evitando el diálogo y buscando únicamente el conflicto.

- La presidenta de la Comunidad Agrícola La Dormida, Evelyn Marchant, dijo en el Congreso que hay helicópteros de la empresa volando en lugares donde no tienen permiso, que están destruyendo una Reserva Mundial de la Biósfera y que si ustedes "no han podido ingresar a nuestras tierras es porque no han tenido la parte jurídica para hacerlo"...

- Interchile no ha entrado de forma ilegal a ningún terreno en la zona, pues cuenta con la concesión eléctrica y todos los permisos legales y ambientales necesarios para la construcción.

En este predio contamos con una concesión desde junio de 2017, y sobre esta concesión el Tribunal de Limache ha otorgado desde el año 2017 distintas autorizaciones para ingresar con auxilio de fuerza pública, para liberar el bloqueo del camino de acceso y así terminar la construcción de este proyecto.

El proyecto no se ubica dentro de las áreas destinadas a la conservación en la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana-Peñuelas.

La Reserva Nacional Lago Peñuelas, el Parque Nacional La Campana y el Santuario de la Naturaleza El Roble, son áreas protegidas que no están en la zona de estudio e influencia de la línea de transmisión. Toda la discusión respecto al trazado y sus impactos ya fue evaluada en su oportunidad y considerada en el permiso ambiental del año 2015, incluido el aspecto referido a que pasa por una Reserva de la Biósfera Unesco.

- Marchant aseguró que los tribunales le dan razón y que tiene la convicción que el proyecto no se materializará, porque legalmente no se puede hacer. ¿Cómo responden a los cuestionamientos?

- Reitero que el proyecto cuenta con absolutamente todos los permisos legales y ambientales vigentes. La comunidad presentó una reclamación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con la cual busca la invalidación del permiso ambiental del proyecto y es un proceso en contra del SEA, hasta la fecha no se ha declarado paralización alguna.

- Se acusa que ha habido falta de fiscalización por parte de la autoridad, ¿cómo lo toman?

- Hemos sido fiscalizados de forma permanente y rigurosa por todos los servicios que tienen injerencia en el proyecto, tanto en materia ambiental, laboral y sanitaria, por lo que es una acusación injusta e infundada, para afectar la imagen de la empresa y paralizar el proyecto.

En el marco de la institucionalidad, cuando han existido afectaciones o eventualmente incumplimiento de alguna norma, siempre hemos actuado rápidamente para corregir cualquier situación.

- ¿Con qué sensación se quedan al impulsar un proyecto de gran envergadura en Chile? ¿La experiencia de Cardones-Polpaico puede desmotivar a potenciales inversionistas para desarrollar proyectos en el país?

- La construcción de este proyecto ha sido un desafío para toda la institucionalidad vigente en materia ambiental, social y regulatoria, dado que los 753 kms de línea recorren 20 comunas en cuatro regiones, con realidades muy distintas.

La experiencia mundial en escenarios similares ha generado evoluciones en la legislación para reflejar mejor la realidad de obras de interés nacional de esta envergadura y creemos que los proyectos que sean tramitados a través de la nueva ley de transmisión contarán con un marco más claro y eficiente.