Energía

La española que será clave en la pugna que mantiene enfrentado al Estado de Chile con ISA por retraso en megalínea Cardones-Polpaico

A seis meses de constituirse el caso ante el Ciadi, se designó a la abogada Carmen Núñez-Lagos como el tercer árbitro que operará como presidente, quien tiene una dilatada experiencia en estos procesos.

Por: Karen Peña | Publicado: Viernes 3 de diciembre de 2021 a las 12:25 hrs.
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Otro paso concreto dio este lunes el arbitraje que tiene como protagonistas a la colombiana ISA y el Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que tiene como foco las multas cursadas por el retraso de la entrada en operación de la megalínea Cardones-Polpaico.

Luego de que en mayo comenzara formalmente el proceso y en julio se designaran los árbitros, ahora se definió el tercer juez por parte del Consejo de Administración que operará como presidente, constituyéndose así el Tribunal que deberá dirimir el conflicto.

Se trata de la abogada española Carmen Núñez-Lagos con más de 30 años de carrera durante los cuales ha actuado en más de 200 procedimientos de arbitraje internacional comercial y de inversión como árbitro y como abogada, en nombre de grupos industriales y Estados. En especial, en arbitrajes relacionados con proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones.

De acuerdo al sitio web del Instituto de Arbitraje Internacional, la abogada logró sus estudios de Derecho en Zaragoza, España, la Universidad de Bolonia, Italia, y en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Además, maneja cuatro idiomas: inglés, francés, italiano y español.

Núñez-Lagos fundó "Núñez-Lagos Arbitration" que -según su página web- se presenta como una boutique de arbitraje que se especializa principalmente en arbitrajes de inversión y comerciales vinculados a proyectos en los sectores de la energía, la construcción y el deporte. 

Allí trabaja en colaboración con Ana Carolina Simões e Silva, abogada independiente de nacionalidad brasileña, quien colabora especialmente en casos relacionados con América Latina.

De acuerdo a lo informado en la web de la firma, son diversos los casos de arbitraje de inversión en que ha participado Núñez-Lagos. Por ejemplo, ha  representado a los inversionistas en el procedimiento arbitral en Samsung Engineering c. Omán y en los procedimientos de arbitraje, revisión y anulación en Edenred c. Hungría. 

Asimismo, ha representado a varios clientes de diferentes sectores en procedimientos comerciales como en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Estos incluyen, entre otros, disputas en materia de construcción e ingeniería, energía y petróleo y gas en Europa, África y América Latina.

Así, la instancia la liderará Núñez Lagos y la acompañará Philippe Pinsolle por el lado de la dueña de Interchile, un abogado francés-suizo, educado en la Universidad de París II Panthéon-Assas y la Universidad de Oxford. Y, además, el mexicano Luis González García, la carta del Estado de Chile, quien se especializa en derecho internacional público y está enfocado en el arbitraje de tratados de inversión.

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El conflicto por los atrasos de la línea

El conflicto se gatilló luego de que ISA Interchile acumulara alrededor de 500 días de retraso en los tramos 2 y 3 de la megalínea que une Atacama con Santiago, que -según ha asegurado- se deben a "causas de fuerza mayor" por los diversos obstáculos que enfrentaron por los opositores a la iniciativa en la zona de La Dormida.

Según ISA, la decisión de llegar al Ciadi se tomó luego de agotar diversas instancias de conversación. La firma explicó que pasaron "más de seis meses de diálogos amparados en el proceso de consultas amistosas que contemplan los acuerdos de libre comercio", tal como el que suscribieron Chile y Colombia el 27 de noviembre de 2006.

De acuerdo a los resultados de la empresa, el Ministerio de Energía ha cobrado multas por US$ 72,8 millones por la demora en la entrada en funcionamiento de dos de los tramos de la megalínea, que fueron pagadas en febrero de 2020. Además, detallaron fuentes cercanas al proceso, a la cifra se suman cobros de boleta de garantías con lo que el monto total bordea los US$ 83 millones.

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