"¿Quién lo paga? Digamos las cosas como son: el usuario paga todo". Esa frase, pronunciada por el Presidente Sebastián Piñera el pasado 5 de marzo, puso fin a las dudas respecto al cobro de los medidores inteligentes que reemplazarían a los antiguos, pero al mismo tiempo generó una tormenta política que tuvo en el centro de los cuestionamientos al Ministerio de Energía.

Hoy, a tres meses de la polémica, la economista Susana Jiménez da un paso al costado como timonel de la cartera, dejando a Juan Carlos Jobet con la misión de concretar el acuerdo alcanzado a fines de abril para que las distribuidoras eléctricas devuelvan en julio –en tarifa- los dineros cobrados en la cuenta de luz desde octubre. Y, a su vez, una agenda legislativa marcada por el proyecto de flexibilidad y la reforma al sector de distribución.

Tras asumir en marzo del año pasado, la entonces ministra de Energía trabajó en las prioridades de su sector, lanzando el 25 de mayo de ese año la llamada "Ruta energética: liderando la modernización con sello ciudadano 2018-2022", la que se convirtió en la hoja de ruta del gobierno en materia energética.

Sin embargo, el punto álgido de su gestión fue con los medidores inteligentes cuando debió salir a escena consensuando diversas medidas que pudiesen calmar los ánimos de la ciudadanía. En plena crisis, se estima que el caso le costó siete puntos de aprobación al Ejecutivo.

La ministra intentó varias salidas a la crisis, pero lejos de bajar los ánimos, encendían la polémica. Una de ellas fue un acuerdo con las empresas para que compraran a los propietarios sus actuales medidores, al que se adhirió Enel, pero que a su vez recibió la negativa de CGE, la mayor firma del sector con 2,9 millones de clientes.

La controversia se instaló en el gremio que agrupa a las empresas del sector, la Asociación de Empresas Eléctricas, donde los gerentes generales de las firmas asociadas manifestaron el mismo día del anuncio sus diferencias en una reunión interna. Así, Enel corría sola y CGE proponía que la mejor solución al conflicto era reestudiar la medida y sólo impulsar la nueva tecnología cuando la ciudadanía estuviese convencida de sus beneficios.

Luego, el 17 de abril el gobierno anunció que el cambio de medidores sería voluntario y comprometió una ley corta –que ya está en el Congreso con carácter de suma urgencia-que busca principalmente bajar la rentabilidad de las distribuidoras.

Pero el punto final –y que finalmente logró calmar las aguas- fue cuando Jiménez informó la suspensión de los cobros y la devolución de estos reafirmando el camino de la voluntariedad.

El cuestionamiento político no estuvo ausente y se le criticó que calificara como una "herencia" del gobierno anterior lo sucedido, ya que si bien fue una medida impulsada en la anterior administración, su cartera no le puso atajo a tiempo.

Otro hito que no estuvo exento de cuestionamientos fue el proceso de descarbonización de la matriz energética. Si bien la semana pasada el propio Presidente Sebastián Piñera presentaba con bombos y platillos el cronograma de descarbonización, tras ocho meses de trabajo con las empresas, fijando el retiro de ocho termoeléctricas por 1.047 MW en un plazo de carbón al 2025 y el compromiso de constituir mesas de trabajo cada cinco años para determinar nuevos programas de salida alcanzando un retiro total el 2040, el trabajo alcanzado no brilló del todo y las críticas no se hicieron esperar por la lentitud del plan y su poca ambición.