Energía

Sala del Senado aprueba proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos y queda en condiciones de convertirse en ley

La iniciativa, que obtuvo 28 votos a favor y 10 abstenciones, beneficiará al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia.

Por: Karen Peña C. | Publicado: Jueves 11 de junio de 2020 a las 14:41 hrs.
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La italiana Enel anunció que retomará la lectura de medidores. Foto: Agencia Uno
La italiana Enel anunció que retomará la lectura de medidores. Foto: Agencia Uno

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Tras un largo camino que comenzó en marzo, con diversas mociones que fueron aglutinadas en un proyecto de ley de la Cámara de Diputados y otro en el Senado, este jueves la Sala de la Cámara Alta -con 28 votos a favor y 10 abstenciones- dio luz verde al proyecto prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. Así, sólo resta su promulgación como ley de la República.

La iniciativa, que está orientada al 60% más vulnerable del país según el Registro Nacional de Hogares y que beneficia -entre otros- a adultos mayores, establece que durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a clientes. 

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En los últimos días el articulado vivió una compleja tramitación en la comisión mixta donde en extensas jornadas se abordaron polémicas indicaciones que mantuvieron en alerta a la industria. Si bien en el sector de telecomunicaciones se lograron los primeros acuerdos con un perfeccionamiento del plan solidario que abarca internet y telefonía fija y móvil, en el caso del sector eléctrico se sumó un ajuste de última hora que sugiría tocar la cadena de pagos, implicando distribuir el costo en todos los segmentos del negocio -y no sólo en las distribuidoras-, lo que fue descartado posteriormente con el correr del debate. 

Mientras, el sector sanitario sería el más impactado por la medida, ya que finalmente los parlamentarios no acogieron la petición de fijar un límite al consumo de agua de 15 metros cúbicos (m3) por hogar, nivel sobre el cual no funcionaría la exención del pago. Este último punto fue abordado en la discusión que antecedió a la votación final, ya que no se estaría enviando la señal correcta frente a la crítica situación de sequía que enfrenta el país. 

El encargado del gobierno de defender el acuerdo suscrito en marzo y mostrar su oposición a la iniciativa fue el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien pidió consignar en la historia de la ley que el gobierno "buscó un acuerdo para ir rápidamente en auxilio de las familias, porque era la forma en la que se respetara nuestra realidad constitucionalidad vigente". En la comisión mixta fue claro en advertir en el texto "un escollo de inconstitucionalidad que va más allá incluso sobre si los regulados y las compañías están de acuerdo o no con la ley". 

 

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