Senadores y municipios ponen presión al Ejecutivo por deudas de servicios básicos

A casi dos meses que el gobierno se mostrara dispuesto a buscar una solución de largo plazo a la creciente morosidad que se está acumulando en las cuentas de servicios básicos, producto de la ley que impide el corte por no pago, se está iniciando una ofensiva para poner presión y avanzar en el tema.

Organizaciones y parlamentarios están subiendo la presión para que el Estado se pronuncie, situación que -según el senador Jorge Pizarro- podría comenzar a dar sus primeros pasos en los próximos días.

Ayer, la Asociación de Municipios Libres (AML) envió una misiva en La Moneda -con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) y la diputada Daniella Cicardini- para que el Estado se haga parte de la solución del problema, dado que según cifras que ha publicado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) los clientes morosos residenciales han aumentando en 206 mil desde marzo de 2020.

Según la carta enviada al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la ley de servicios básicos "no garantiza un tratamiento de la deuda acumulada, situación que producirá graves problemas futuros una vez que finalice la protección legal". A lo que se suma que, con el término de la vigencia del mecanismo que mantiene estabilizadas las tarifas, "se proyecta un aumento en el monto de la tarifa que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022".

Tomando la experiencia de países como España y Perú, plantean que es fundamental que el Estado se haga parte mediante el diseño de una propuesta cuyo enfoque sea el bienestar de la comunidad, así como también realizar una ayuda económica en la regularización de la deuda generada en las familias más vulnerables. Además, que el concesionario asuma parte de la deuda para conseguir el saneamiento de esta y establecer un mecanismo que permita a los consumidores regularizar la deuda sin afectar de forma profunda su economía familiar.

El presidente de la AML, Mauro Tamayo, llamó a que "no perdamos más tiempo. Esto es apremiante". "El Ejecutivo tiene una responsabilidad ineludible", recalcó.

En paralelo, el senador Pizarro -quien fue uno de los primeros en plantear la problemática y presentó una propuesta con una solución- volvió a la carga. En los últimos días habló con las autoridades para que los asesores de los parlamentarios y de los ministerios (Energía, Obras Públicas y Hacienda) empiecen ya a trabajar en una posible solución. Al ser consultado, aseguró: "Esperamos que empiece a operar la próxima semana".

El también vicepresidente del Senado explicó que "vamos a hacer primero el trabajo interno y la idea después es presentar una propuesta que tenga patrocinio del Ejecutivo. Eso es fundamental, porque no tenemos facultad para eso". Y agrega que la mesa de trabajo que se planteó originalmente sigue en pie porque se necesita que participen los operadores.

Desde el Ministerio de Energía solo informaron que éste es un tema que han estado analizando y en el cual tienen la mayor disposición para trabajar de manera conjunta con todos los sectores.