Transelec y Celeo acuden al Panel de Expertos en conflicto por devolución de US$ 142 millones a las generadoras eléctricas

El conflicto abierto por las transmisoras eléctricas, a raíz de una devolución de recursos por US$ 142 millones que deben realizar a las generadoras derivado del cobro de peajes en 2019, sumó un nuevo actor: Transelec, el mayor operador de líneas eléctricas del sistema.

El problema surgió después que el Coordinador Eléctrico reliquidara -de acuerdo a criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía- pagos que se habían realizado entre enero y octubre del año pasado, derivado de la aplicación de la Ley de Transmisión de 2016 que cambió la forma en que se remunera este servicio, asignándolo en su totalidad a la demanda.

En las últimas semanas, empresas como Interchile -ligada a la colombiana ISA- y la española Celeo Redes habían rechazado el pago de algunas facturas emitidas después de que se oficializaran los cálculos del Coordinador Eléctrico el 20 de mayo, ante lo que algunas generadoras alertaron por el riesgo de corte en la cadena de pago.

Tras esto, la colombiana abrió un proceso ante el Panel de Expertos, organismo que dirime disputas en el sector y que es vinculante para las partes, al que en los últimos días se sumó Transelec y Celeo.

En un escrito de 26 páginas, Transelec centra su discrepancia en la metodología de cálculo e instrucción de pagos que realizó el Coordinador en el informe de mayo.

La firma -que es la más expuesta a la devolución- criticó el retraso de la CNE en la dictación del documento donde se fijaron los criterios, que fue publicada en diciembre de 2019. "El atraso en más de un año en la publicación de la resolución que fijó finalmente los Cargo Equivalente de Transmisión (CET) dio origen a una situación no considerada en la normativa vigente, produciéndose un caso tanto inesperado y excepcional como perjudicial en la industria", advirtió.

Lo anterior, ya que con ocasión del informe, el Coordinador decidió -a juicio de la transmisora- "aprovechar la instancia" e incorporar un ajuste adicional asociado a la aplicación del CET, siendo ajustados con intereses.

Entre los argumentos, detalla que la normativa vigente no comprende reajustes con intereses, por lo que no habría fundamento regulatorio para una innovación de este tipo. Asimismo, deficiencias y retrasos imputables a terceros –en este caso, la CNE en la dictación de la resolución– no pueden significar perjuicios adicionales a quienes no han tenido responsabilidad ni participación alguna en dicha situación, argumentó.

La firma de capitales canadienses y chinos dijo que al analizar la facturación del año pasado, previo al informe de revisión anual de peajes, existe un déficit de $ 26.880 millones, lo que aumenta hasta $ 153.721 millones al aplicar la reliquidación.

"Esta situación gravísima, no contemplada en la normativa, podría dejar a las empresas de transmisión en una situación financiera extremadamente delicada, pudiendo poner en riesgo la seguridad operacional del sistema eléctrico nacional", enfatiza la transmisora.

El reclamo del grupo español

Otra firma que también presentó una discrepancia ante el Panel de Expertos fue el grupo Celeo que en un duro escrito de 36 páginas lanza sus dardos contra la responsabilidad -según ilustran- que tiene la CNE en el conflicto.

En el caso del grupo, el informe de revisión mandata reliquidaciones que implican recibir aproximadamente un 51% menos del monto correspondiente para 2019. "La situación de los demás transmisores no es muy distinta", dice.

Según explican, el origen del efecto ilegal del informe deriva de una implementación tardía, defectuosa y aún inconclusa del régimen transicional consagrado en la ley respecto de 2016. 

Los españoles sostienen que, dada la magnitud de la reliquidación, el Coordinador "está poniendo en peligro -además de la viabilidad financiera del grupo Celeo- la cadena de pagos del sistema, y con ello, la seguridad de suministro eléctrico".

Próximos pasos

El Panel de Expertos, organismo compuesto por siete integrantes, presidido por Guillermo Pérez del Río, fijó hasta el 30 de junio la posibilidad de hacer observaciones o presentaciones adicionales a los reclamos de las empresas.

Así, luego vendrá una audiencia pública que se realizará de manera remota el 6 de julio a las 9 horas.