Entre Códigos

Javier Velozo defiende rol del Ministerio Público en materias de Libre Competencia

El experto advierte una serie de riesgos que plantea el modelo actual, como el largo período de tiempo que transcurre para sancionar una conducta, lo que podría impedir ejecutar una persecución penal.

Por: Magdalena Espinosa | Publicado: Lunes 15 de junio de 2020 a las 12:50 hrs.
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La agenda antiabusos propuesta por el gobierno abrió nuevamente el debate sobre qué entidad debía administrar la acción penal en casos de colusión: si el Ministerio Público o exclusivamente la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Una discusión que parece lejos de estar zanjada y que tiene a penalistas y expertos en libre competencia planteando sus posiciones.

El exmiembro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Javier Velozo, abordó el tema en un seminario organizado por Regulación, Competencia & Mercados, donde dijo que el diseño actual es "una anomalía en nuestro sistema judicial. En Aduanas o Servicios de Impuestos Internos, las investigaciones coexisten perfectamente. No se espera una validación de un ente juridiccional para presentar una querella tributaria porque son responsabilidades distintas".

En su exposición, el abogado fue crítico: no hay razones jurídicas sustantivas para la existencia de una instancia previa y destacó que, si no existiera, el número de querellas e investigaciones por colusión sería elevado. Aun así, coincidió con sus colegas de que la FNE no ha tenido la oportunidad de probar su eficacia en estos temas, dado que aún no se han conocido casos públicos donde la sanción penal se pueda aplicar.

Veloso estuvo involucrado en la discusión legal de 2016 y dice que el mecanismo donde la FNE tiene la exclusividad para activar estos mecanismos guarda relación con "hacer más gradual una criminalización efectiva. Y se pensó que se protegería la herramienta de delación compensada. El resultado es que distorsiona el diseño general de la política de persecución penal".

Los riesgos

Javier Velozo cree que el diseño actual tiene una serie de problemas de cara a la persecución penal de los casos de libre competencia. El primero es que entre que se inicia una investigación y existe un fallo ejecutoriado del TDLC, puede pasar una década.  Así, se corre el riesgo de que esta demora sea igual o superior al plazo de prescripción de la acciónpenal de la mayoría de los delitos -que va entre los cinco y diez años-, advierte el experto.

"Hay que tener en cuenta que el sentido de la prescripción penal es porque hay una desmotivación o una pasividad del Estado para perseguir criminalmente. Se produce lo que se llama el olvido penal no es coherente que en materia de persecución penal de la colusión deba esperarse un plazo semejante", apuntó Velozo.

El segundo problema complejo es la degradación de las pruebas. En investigaciones penales se necesitan pruebas más contundentes que en multas administrativas, lo que pone una dificultad mayor a quien busque establecer una sanción. "Es necesario una investigación autónoma, no le basta la de la FNE", agrega.

Un tercer riesgo es la desigualdad de armas que se produce entre los inculpados y los organismos judiciales. "¿Ustedes creen que en 10 años la persona tendrá las pruebas suficientes para defenderse? En esa década habrá testigos claves que fallecerán o no estaránen el país, o estarán imposibilitados de declarar. Puede prodiucirse una imposibilidad material de defensa ¿Dónde queda el derecho a la igualdad de armas del imputado?", sostiene el experto.

Otro problema que tiene la FNE son los límites de sus potestades y herramientas de investigación en comparación con las del Ministerio Público que cuenta con robustas atribuciones como, por ejemplo, pedir la extradición de una persona fuera del país y con tratados bilaterales para la persecución de criminales más allá de sus fronteras. "Nada de eso se puede hacer con el actual diseño institucional actual", dice Velozo.

En su exposición, respecto a las críticas que se hacen en cuanto a que la intromisión del Ministerio Público generaría investigaciones paralelas y debilitamiento de la delación compensada como herramienta para detectar carteles, Velozo propuso soluciones.

"Nada impide que por Ley o mediante acuerdos ambos organismos se coordinen en el caso de que las investigaciones se den de forma paralela. La idea es que establezcan prácticas investigativas útiles en sede administrativa y penal. De hecho ya ambos instituciones cuentan con un convenio de colaboración que data de 2008. En otros países como Reino Unido, Escocia, Gales, Australia o Brasil donde las investigaciones son paralelas existen este tipo de coordinaciones", concluyó .

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