FNE inicia estudio de mercado a las compras públicas: salud y servicios de alimentación entre las prioridades

Un estudio de mercado de Compras Públicas a nivel de todos los organismos públicos cuyas adquisiciones están regidas por esa ley iniciará a partir de junio próximo la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El organismo fundamentó este trabajo en la importancia de estas operaciones en la ejecución del presupuesto nacional y por el hecho de “haber identificado ciertas razones que nos hacen creer que este mercado podría funcionar de mejor manera”, señaló ayer el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, tras la entrega de la cuenta pública 2018.

Al detallar la hipótesis a partir de la cual se realizará ésta investigación, señaló que “existen espacios en el mercado de compras públicas que no se encuentran funcionando de forma adecuada desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando que las condiciones comerciales a las que pueden acceder los organismos del Estado no sean las óptimas y, por tanto, se asignen de forma deficiente los recursos de éste”.

En este punto, destacó que estas transacciones suman más de US$ 13 mil millones al año equivalentes al 4,6% del PIB.

En términos de las áreas de adquisición del aparato público que se someterán a estudio –el cual no considera operaciones como las compras de las Fuerzas Armadas– fuentes del organismo indicaron que las prioridades estarán puestas en aquellos segmentos que lideran el gasto, como el caso de salud, que representa el 38% del total por la actividad de los hospitales y otros servicios público de atención, campo en el cual donde tienen especial relevancia los medicamentos e insumos. También por su alta incidencia en la inversión pública estarán en observación los servicios de alimentación escolar y universitaria que licita la Junaeb.

Los otros rubros relevantes son el gobierno central y las municipalidades, que implican un 29% y 22% del gasto total, respectivamente.

Fundamentos de la investigación

De acuerdo al calendario definido para este análisis, la versión final del estudio será publicada durante agosto del próximo año, una vez que sean procesados los comentarios realizados por los interesados a la versión preliminar disponible en julio del 2020.

Al analizar la evolución competitiva de este segmento, la FNE identificó cuatro razones centrales que justificaron la decisión de realizar el análisis. Una de ellas es la falta de un documento estándar que explicite la forma de comprar de cada servicio público, ya que cada organismo posee un manual de compra propio, lo cual “obliga a los proveedores a conocer numerosas formas de compra, generando un costo de información que no todos los actores del mercado podrían abordar”.

Un segundo aspecto destacado es la falta de variedad en los mecanismos de compra utilizados por los órganos del Estado –circunscritos a licitaciones públicas (60%), convenios marcos (23%) y tratos directos (17%) – a diferencia de los países de la OCDE en los que existen otras alternativas como los procesos negociados. “Esto podría estar excluyendo formas de adquirir bienes y servicios posiblemente más eficientes y competitivas”, indicó la FNE.

En el ámbito de los sistemas de convenio marco, el organismo pondrá en cuestión factores como el número de participantes y los plazos. “No ha sido posible encontrar una justificación técnica pública que explique su duración de entre 3 y 8 años”, señaló. Finalmente, se estudiará la regla técnica para determinar a los proveedores admitidos, ya que prácticas como descartar las ofertas muy altas y muy bajas “se podría traducir en una disminución de la competencia efectiva en la entrada”.

El estudio a las Compras Públicas es el quinto en su tipo iniciado por la FNE haciendo uso de su facultad de analizar la evolución competitiva de los mercados, tras Rentas Vitalicias, Notarios, Medicamentos y Textos Escolares. En relación a este último análisis, Riesco anticipó que su resultado final “debiera estar disponible a lo sumo en un par de semanas, y está ad portas de ser comunicada la decisión final”.

Los estudios de mercado se realizan “cuando existen motivos para estimar que en un mercado o sector económico no está funcionando adecuadamente desde el punto de vista competitivo” y en el caso de que se compruebe alguna falta, las opciones de la FNE van desde recomendar una modificación normativa a abrir una posible investigación por infracción al DL 211.