Planes de acción de distribuidoras para evitar corte de luz alcanzan su mayor nivel en cinco años

Mientras la ciudadanía sigue palpando la fragilidad del sistema eléctrico cuando eventos como los temporales provocan cortes de suministro, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) está haciendo notar cada vez con más fuerza su lupa fiscalizadora en la industria, exigiendo inversiones millonarias para evitar la interrupción del servicio.

Desde 2014, la SEC impulsó con fuerza una medida con la que puede instruir a las empresas de distribución a presentar planes de acción cuando ve debilidades o reiteradas fallas. Lo anterior tiene como objetivo minimizar las interrupciones, en especial, por eventos climáticos de invierno o las altas temperaturas de verano, como también por instrucción de directores regionales de la entidad por poda y tala de árboles.

Este año ya se han presentado 1.215 planes con un monto que involucra $ 52.602 millones, la cifra más alta desde 2014. La medida ha sido incisiva: el monto la cifra ya duplica las cantidades de todo el año pasado, cuando las empresas desembolsaron $ 25.163 millones.

Si en 2014 los planes presentados ante la autoridad fueron sólo 43, en el ejercicio 2017 la cifra llegó a 1.070 y un año más tarde se empino a los 1.211. Esto tuvo un efecto inmediato en los montos que destinaron las empresas para cumplir con las exigencias: en 2014 la inversión de las firmas fue de $ 13.250 millones, mientras en 2017 la cifra ya totalizaba los $ 30.606 millones.

Según explica el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, las sanciones terminan muchas veces en la Justicia en procesos que se extienden durante varios años, por lo que la mecánica de los planes de acción ha sido usar toda la capacidad tecnológica que hoy tiene la entidad para monitorear el desempeño. A partir de esta facultad que tiene la SEC de detectar fallas recurrentes y debilidades, se evalúa analizando balances mensuales y, si se estima pertinente, pide un plan de acción a las firmas centrado en corregir las deficiencias detectadas.

“No basta con que las empresas den un buen servicio, el Estado tiene que entregar un buen servicio. Para eso, adicionalmente a la sanción y la compensación hemos colocado una mirada del desempeño para acelerar el proceso de lograr un mejor estándar para las personas”, señala Ávila, quien precisa que los planes de acción se pueden solicitar en cualquier momento.

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles.

Consultado por el aumento de los montos de inversión para las empresas, Ávila destaca diversos factores en juego como el “mejoramiento de la calidad de servicio que deben brindar al país, aumentando la exigencia”. Esto, porque desde fines de 2017 hay una nueva norma técnica con mayores estándares que se traducen, por ejemplo, en que mientras antes un cliente de zonas de alta densidad podía recibir pagos en compensaciones a partir de 20 horas de interrupción de suministro, ahora la norma bajó ese umbral a 9 horas.

El factor climático se deja sentir con fuerza en estos planes. Entre las principales acciones que deben realizar las empresas están aquellas que producen efectos inmediatos en el corto plazo, asociados a interrupciones como es la tala y poda de árboles. Otra alternativa es cambiar los cables por tendidos de menor impacto a la vegetación.

La autoridad aclara que para hacer uso eficiente de sus recursos se ha tomado la decisión de concentrarse en aquellos que tienen el peor desempeño, que no necesariamente puede ser una compañía completa sino fracciones de ella o sectores geográficos que tengan los estándares que le exige la norma.

“Eso es lo que miramos y en base a esto proponemos planes para acelerar o lograr el impulso de desempeño”, explica.

De hecho, agrega que en los últimos cinco años están los tres mejores años de la historia de Chile en menores interrupciones, pese a la percepción que pueda tener la ciudadanía. El indicador que mide las interrupciones de suministro en el país pasó de 15,65 horas en 2014 a 12,17 horas en 2018.

Ávila asegura que estos planes son fruto de un análisis que tienen las empresas, pero que la Superintendencia ayuda a enfocar y acelerar su velocidad.

En esa línea, asegura que incluso se instruye reuniones con ejecutivos para mostrar la información, por lo que “no estamos pidiendo algo porque es bueno pedirlo sino porque tenemos evidencia de desempeño que es de responsabilidad de la empresa y que debe ser corregido al más breve plazo”.