Presidente de Nutre Chile emplaza a Junaeb: “Basta ya de señalar que los concesionarios incumplen la ley”

Duras críticas en contra de la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) lanzó el abogado Darío Calderón, presidente de la Asociación Gremial Nutre Chile, que aglutina a más de una docena de empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar. Todo en medio de una polémica licitación superior a los US$ 1.300 millones, la que hasta ayer estaba parada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

“No aceptamos y rechazamos los dichos de las autoridades de la Junaeb, donde tratan de inculpar a los concesionarios, y no ven los errores que hay en la propia administración de esta empresa del Estado”, señala Calderón.

El concurso –con el cual se busca proveer la alimentación, desde 2021 a 2024, de 830 mil estudiantes de siete regiones del país, equivalente al 45% de los beneficiarios a nivel nacional- fue paralizado luego que una de las empresas que ha mantenido contratos con la Junaeb (Distribuidora de Alimentos, Distal) recurriera al TDLC argumentando la ilegalidad de las bases del proceso.

El tribunal acogió la medida precautoria solicitada por el demandante –que denunció la incorporación de cláusulas anticompetitivas- y suspendió la licitación “para resguardar el interés común” en el proceso. No obstante, ayer, el organismo antimonopolio resolvió alzar la medida de suspensión del concurso.

Uno de los argumentos que había presentado Distal es que la Junaeb cambió uno de los criterios de evaluación, referido al comportamiento contractual de los participantes. En estas bases, la junta aplicaría un puntaje superior al tradicional a quienes no tuvieran deudas por multas impartidas por la entidad estatal dependiente del Ministerio de Educación, como lo ha establecido la Contraloría.

“Olvida la Junaeb, u omite, de que la deuda a los concesionarios, alrededor de $ 25 mil millones son en precios de ajustes, que son acreencias a favor de los concesionarios. Entonces, todo esto ha provocado un cansancio en las empresas: siempre la Junaeb se refiere a ellos como que fueran los incumplidores, lo que no es efectivo”, afirma Calderón.

El directivo asevera que “aquí hay un problema en Junaeb de administración del aparato del Estado; no es posible que recién hoy día esté liquidando contratos que terminaron hace cinco años atrás”.

En referencia a la posición de Distal en este proceso, indicó que “no la respaldamos en su actuar, pero sí compartimos que hay errores de la Junaeb, y paralizar esta licitación es derivado del error de Junaeb”. Precisó que, si bien esa empresa fue un integrante histórico de ese gremio, finalmente ésta se retiró el año pasado.

-Pero las empresas deben pagar lo que se debe y no esperar a que las deudas prescriban.

-La mayor parte de las multas han sido impugnadas por errores. A lo menos, hay un 40% de esas multas en que hay errores en la manera en cómo se aplicó la sanción. Eso fue impugnado administrativamente y ahora está siendo impugnado judicialmente. Junaeb no ha aclarado a qué multas se refiere: si a las que ya están ejecutoriadas porque terminaron todas las instancias judiciales o se refiere a multas que están recién en trámite de apelación. Ese es el tema de fondo.

Cómo es posible que contratos que culminaron en 2015, hasta hoy no se da el finiquito. ¿Por qué? Porque hay una lentitud en todo. Reconocemos que ha habido un esfuerzo en la última administración de Jaime Tohá de poner las cosas al día. Pero en este tema de esta licitación, creo que ha existido una precipitación en incorporar este tipo de cláusulas sin estar terminado el proceso completo del finiquito.

Contra el tiempo

Darío Calderón también cuestiona una cláusula que dice relación con la posibilidad de modificar el contrato durante su vigencia. “Se permitía a Junaeb de reservarse el derecho de modificar el contrato –durante su ejecución- de manera unilateral fundado en razones que no están bien explicitadas”, sostiene.

A su juicio, la Junaeb debe corregir la redacción de sus cláusulas. “Lo puede hacer rápidamente; el camino de solución es el diálogo con las autoridades, pero con autoridades que cumplan con lo que se han comprometido y honren los compromisos y entiendan que aquí no se puede meter a todos los concesionarios en el mismo saco. Basta ya de señalar que los concesionarios son los que incumplen la ley. Basta ya de eso”, subraya el directivo.

Con todo, Calderón sostiene que se está contra el tiempo: “La nueva licitación rige a partir del 1 de marzo. Estamos advirtiendo que se nos viene un problema no menor. No quiero pensar lo que puede vivir el país si los cuatro millones de raciones no se entregan en marzo”.