Senadores hacen 98 indicaciones a Ley Uber: buscan establecer relación en laboral entre conductores y aplicaciones

Una batería de indicaciones ingresaron ayer en el Senado a la denominada Ley Uber, que busca normar las plataformas tecnológicas que prestan servicios de transportes. En total fueron 98 ideas que serán analizadas después de Fiestas Patrias, comentó el presidente de la comisión de Transportes, Francisco Chahuán.

El senador explicó que en el ámbito parlamentario hubo “indicaciones de todo tipo”, desde temas relacionados a las exigencias en los antecedentes penales de los conductores, hasta preocupación por el congelamiento del parque automotriz de las aplicaciones, cuyo fin es crear un sistema de registro.

Según el documento que reúne las ideas, una que llamó especialmente la atención es que se introdujeron indicaciones que buscan establecer una relación laboral entre los conductores y las aplicaciones, algo que no estaba en el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Es más, en ningún país del mundo, Uber funciona de esta manera. Incluso, hace unos días el Supremo Tribunal de Brasil descartó esta relación y los catalogó como usuarios de la plataforma.

En otros temas, también se busca que los tiempos de espera de los conductores, así como probables contratiempos -por ejemplo por el tráfico- deberán estar incluidos en la tarifa.

Otra indicación dice que un conductor no podrá manejar más de cinco horas continuas, para luego tener dos de descanso como mínimo, y que no podrán tomar un viaje si aún no terminan otro.

Fuerte interés ciudadano

El senador Chahúan destacó el fuerte interés ciudadano que reunió el proyecto de ley, donde llegaron 1.500 recomendaciones ciudadanas, con foco en temas de seguridad y cómo la ley incidirá en las tarifas. Asimismo, manifestaron su preocupación sobre las medidas para evitar abusos o acosos de tipo sexuales.

El senador dijo que era difícil de predecir cómo estos comentarios incidirán en el análisis del proyecto, porque abarcan una gran cantidad de temas.

“Este es un proceso de observaciones ciudadanas inédito, ya que por primera vez se hizo el llamado de consultar su participación y recibió un alto quorum. Esto revela que se trata de un tema del mayor importancia, porque las personas están interesadas en saber cómo se regulará a las aplicaciones”, dijo Chahúan.

Según la agenda que maneja el senador, la discusión en particular comenzará después de Fiestas Patrias y calcula que tomará al menos unas cinco sesiones revisar cada artículo, antes de que el proyecto ingrese la votación en la Sala del Senado. Una vez que sea aprobada la legislación, esta debería pasar nuevamente por la Cámara de Diputados, dado que es muy probable que sufra cambios. En el mejor de los casos, la Ley Uber debería estar vigente en primer semestre de 2020.

Didi se reúne con Hacienda para ampliar la
discusión sobre regulación de aplicaciones

Didi, la empresa más reciente en ingresar al mercado de las aplicaciones tecnológicas de transporte en Chile, inició una serie de conversaciones con entes gubernamentales para poder ampliar la discusión regulatoria en torno a la denominada Ley Uber.
Fue así que a principio de agosto, ejecutivos de la firma china llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda, para poner sobre la mesa su preocupación por el enfoque de la normativa.
A su juicio, ésta abarcaría sólo el ámbito de transportes, restringiendo los impactos positivos que pueden llegar a tener en otras industrias.
"Este servicio impacta a los territorios, la tasa de desocupación, la seguridad y protección de datos personales. Es por eso que hemos intentado conversar con todos los actores de este mercado y sus tomadores de decisiones, para poder tener una ley que sea un referente en América Latina, equilibrando todos los intereses en juego y que permita el correcto desarrollo de esta industria", dijo director de Asuntos Corporativos de Didi en Chile, Felipe Simonsohn.
De este modo, la firma china está intentando que la ley no restrinja uno de los servicios más polémicos: los viajes compartidos. "Hay exigencias como la licencia profesional, la limitación regional para la prestación de servicios, la prohibición del auto compartido y el congelamiento del registro de conductores debieran ser revisados por la industria", añadió el ejecutivo.