Contraloría cuestiona entrega de permisos de edificación en municipio de Santiago

Duros cuestionamientos hizo la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Santiago, tras realizar una extensa auditoría a su proceso de otorgamiento de permisos de edificación efectuado en 2017. Incluso, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos objetados.

Según explicó el órgano contralor, el examen se realizó en consideración a que por el concepto de “Urbanización y Construcción, la Municipalidad de Santiago fue una de las entidades edilicias que presentaron los mayores ingresos” durante el año analizado. Además, la Contraloría precisó que esa repartición “incrementó la cantidad de permisos de edificación otorgados históricamente entre los años 2015 y 2016”, en el informe entregado el 12 de diciembre recién pasado.

El universo examinado consistió en 102 permisos de edificación otorgados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, cuyos presupuestos totalizaban $ 86.161 millones, los que a su vez generaron ingresos para el municipio de $ 897 millones por concepto de derechos municipales. De este total, la entidad fiscalizadora definió una muestra de diez permisos, cuyos presupuestos fueron de $ 46.597 millones.

“Se verificó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la entidad edilicia auditada –para determinar los montos de los derechos municipales correspondientes a nueve de los 10 permisos de edificación examinados– no utilizó las tablas de costos unitarios por metro cuadrado vigentes al momento del ingreso de las solicitudes (…) lo que ocasionó una indebida determinación de los presupuestos y, por ende, de los montos de los derechos municipales”, dijo la Contraloría.

Si bien el municipio señaló en sus descargos que el método de cálculo no ha sido contemplado de manera expresa por la ley, el órgano contralor dijo que ya existían pronunciamientos de esa entidad que desvirtúan la argumentación.

Precisó que, en un caso, el municipio no aplicó las tablas de atributos con las cuales se determinan las categorías de las construcciones. Sobre este punto, este último sostuvo que se originó un cobro en exceso en un permiso de edificación que será devuelto al titular.

En su informe, la Contraloría indicó que se corroboró, además, que la DOM de la Municipalidad de Santiago autorizó permisos de edificación sin contar con la totalidad de los antecedentes exigidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que fija los requerimientos mínimos para este trámite. De igual forma, señaló que ese municipio autorizó permisos de edificación sin verificar el cumplimiento de la totalidad de las normas urbanísticas, en particular las referidas a la altura.

Además, la Contraloría verificó, en algunos de los casos examinados, que la DOM no dio cumplimiento a los plazos de tramitación de los expedientes establecidos en la OGUC. “El municipio deberá realizar las acciones necesarias para prevenir situaciones como las advertidas”, estableció el organismo.

En otro punto, la Contraloría detectó que la DOM aprobó permisos de edificación por dos vías: por un lado, usando beneficios en el marco de incentivos normativos contenidos en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago y, en otros casos aplicando exigencias ajenas al ámbito de acción de esta normativa. Por esto, la Contraloría manifestó que el municipio deberá “adaptar su instrumento de planificación territorial al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia administrativa”, mediante una modificación del PRC.

Críticas a la seguridad

El órgano contralor también cuestionó las medidas de seguridad para la custodia de valores de esa municipalidad: constató que los recintos donde están las cajas fuertes y las recaudadoras no cuentan con cámaras de vigilancia ni barreras que impidan el acceso del público. El municipio informó que instalará cámaras y una chapa de seguridad para el área a la cual se ingresa desde la calle Santo Domingo.