Construcción

Corte Suprema abre inédita conciliación entre SalfaCorp y el Fisco por sobrecostos en puente del Biobío

La Tercera Sala llamó a un acuerdo que implicaría un ahorro de más de $ 1.000 millones para el Estado frente a un escenario donde deba pagar la totalidad de lo exigido por la empresa.

Por: Andrés Pozo B. | Publicado: Viernes 17 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.
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Una forma distinta de resolver litigios en torno a obras de infraestructura pública está probando la Corte Suprema. Así se ha interpretado en la industria legal lo que está haciendo la Tercera Sala del máximo tribunal del país, en una demanda impulsada por la Constructora Salfa contra la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

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Ambos se encuentran enfrentados desde 2012, cuando SalfaCorp entabló una demanda en el 28 Juzgado Civil de Santiago por sobrecostos en el proyecto para construir fundaciones de un puente sobre el río Biobío, que buscaba habilitar el paso, lo antes posible, tras los daños provocados por el terremoto de febrero de 2010.

Pese a que la Corte Suprema dejó en estado de acuerdo la causa -desde mayo, tras los alegatos-, ha estado impulsando activamente una conciliación entre las partes, lo que supone -en un escenario adverso para el Estado- que el Fisco pague menos que lo que pide la empresa en su demanda original.

Según consta en el expediente de la causa, el 14 de junio, la Tercera Sala citó a las partes y consultó la disposición a analizar unas bases de conciliación, fijando que el Estado pague al menos $ 1.698 millones, más de $ 1.000 millones menos que lo exigido por la empresa.

El acta agrega que "la parte demandante manifiesta su disposición a llegar a un acuerdo a partir de dicha sugerencia", siempre que se incluya el reajuste acumulado a contar de junio del año 2010, lo que se traducía en unos $ 440 millones.

En una segunda audiencia para analizar este tema, la empresa bajó su pretensión a $ 240 millones extra sobre el piso dado por la Corte.

Esas condiciones están siendo analizadas por el Consejo de Defensa del Estado, que representa al MOP en este caso y se conocerá en los próximos días.

De lograrse una salida favorable al mecanismo, se dará un nuevo parámetro para resolver este tipo de problemas que enfrenta al Estado y privados, los que han visto de manera creciente una judicialización por temas de sobrecostos en materia de hospitales, cárceles y, en menor medida, carreteras.

Sería la primera vez que resulta también en un caso relevante. La Corte ha utilizado esta figura en los últimos años, como es el caso de la Central Castilla, el del Mercado de Concepción, en una demanda contra el Serviu y Aguas Andinas por Bajos de Mena y, finalmente, una inundación de terrenos en Concepción, conocido como Caso Estero Noguen. Generalmente termina fracasando el intento.

SalfaCorp fue consultada por este caso, pero prefirió no emitir declaración, para no interferir en un proceso judicial que está en curso.

Problemas de suelo

En su recurso de casación ante la Corte Suprema -donde la empresa llegó tras perder en las dos instancias previas-, se explican los motivos que causaron el perjuicio de unos $ 2.800 millones, respaldado por un informe técnico.

Esto, porque en el contexto de la urgencia del terremoto, el 30 de junio de 2010 se ganó un concurso público que se realizó en solo 13 días para llegar con oferta, para construir fundaciones del puente sobre el río Biobío, que unen Concepción y San Pedro de la Paz.

Según relata el escrito, el MOP debía "diseñar una solución de emergencia que resolviera la situación lo más pronto posible".

De las 17 empresas que el MOP invitó a participar, llegaron ocho y Salfa se lo adjudicó con una oferta de $ 4.113 millones.

Dado los plazos, "resulta evidente que con esos brevísimos plazos era físicamente imposible para los proponentes verificar la calidad y completitud de los antecedentes técnicos suministrados por la Administración, especialmente porque los más relevantes se referían a las condiciones del subsuelo del lecho del río Biobío que, por cierto, no eran perceptibles".

Eso fue el problema que luego los obligó a hacer una inversión que fue más costosa. Esto, además, se vio empeorado con los acotados plazos de construcción que establecía el concurso, dado que la obra debía estar lista el 26 de enero de 2011.

En ese intertanto, la autoridad fue entregando diversos antecedentes complementarios y modificaciones.

"La entrega progresiva de nuevos antecedentes, que modifican e introducen cambios generan sustanciales modificaciones para el estudio y confección del Proyecto Definitivo que Salfa se encontraba ejecutando, generándole un importante atraso en la confección de éste", dice uno de los escritos que presentó la empresa.

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