Grupo de acreedores de constructora Delta evalúan acciones penales

Duros cuestionamientos al proceso de salvataje de la empresa Delta Ingeniería y Construcción S.A. lanzó un grupo de 30 proveedores que se transformaron en acreedores de la firma de capitales venezolanos, que el año pasado se acogió a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.

Si bien la administración, encabezada por el síndico Tomás Andrews Hamilton, logró un período para negociar el ingreso de un socio, las tratativas no llegaron a puerto.

"El acuerdo está incumplido por la no llegada del inversionista y el agravamiento de los negocios de Delta, al haber sido sacada de las construcciones que desarrollaban para el Poder Judicial, que les puso término a los contratos y habría cobrado las respectivas boletas de garantía", asegura Jorge Martínez, abogado del estudio Halpern De la Fuente que representa a los provedores/acreedores.

Según el jurista, la empresa Delta, representada por Nelson Contador, se ha opuesto a la liquidación forzosa y pretende liquidar sus bienes en la reorganización, manteniendo el control del negocio y supervisado por el mismo veedor nombrado como interventor, Tomás Andrews.

El tribunal, pese a que en su momento resolvió que no procedía una liquidación de bienes en una reorganización, autorizó una junta para el 7 de septiembre para acordar modificar el acuerdo y que Delta, que hasta donde se ha informado no tendría otros proyectos en desarrollo, pueda pagar a los acreedores, cosa que solo puede hacer enajenando activos, lo que si no es lo mismo que liquidar ordenadamente los bienes, es muy parecido, destaca el abogado Martínez.

Recuerda que obtuvieron una sentencia favorable que acogió la impugnación del crédito de la Administradora de Pagos y Garantías, sociedad que en supuesta representación de tenedores de bonos fue incluida por el deudor en su nómina de deudas por $ 1.600 millones, sin que Andrews impugnara ese crédito.

"Nosotros tuvimos que impugnar el crédito y en una primera instancia perdimos, lo que permitió que se acordara la reorganización, que además contempló el pago únicamente a este acreedor, la Administradora de Pagos y Garantías", dijo el abogado, quien añadió que "con este fallo que declaró que la Administradora de Pagos y Garantías no logró acreditar ser acreedora, consideramos que se debe declarar inmediatamente la liquidación forzosa y además se debe aclarar cuanto se le pagó a la Administradora de Pagos y Garantías durante la administración de la Reorganización".

Pero la defensa del grupo de proveedores va más allá y ante la consulta de este medio, señala. "No lo descartamos, de hecho nos reservamos y estamos estudiando ejercer acciones penales, respecto de los eventuales delitos concursales que estos hechos pudieran constituir", dice el abogado Jorge Martínez.

En su solicitud de reorganización, Delta admitió poseer pasivos por $ 20.271 millones por boletas de garantía y $ 16.387 millones por pólizas de garantía. Entre los principales acreedores están los bancos BBVA, BCI y Consorcio.

"Por diversas razones, nos encontramos frente a una compleja situación económica que nos ha llevado a explorar diversas alternativas de reestructuración de nuestros activos y pasivos, para poder dar cumplimiento íntegro a todas nuestras obligaciones", dice el escrito que abrió el proceso concursal, a cargo de Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda.

Según trascendió, dos compañías internacionales evaluaron inyectar recursos frescos a Delta, pero nada prosperó.

La empresa, fundada a mediados de los 90, se dedicaba a la construcción de hoteles, edificios de oficinas y supermercados, entre otras grandes obras. En el 2007, los accionista de la multinacional Empresas Y&V, con sede en Venezuela, adquirieron parte del capital accionario y en 2009 tomaron el control.