Socovesa, Armas y 87 firmas compiten por US$ 1.200 millones en proyectos de integración social

La vivienda para integración social está generando un alto interés de las mayores inmobiliarias del país, como Socovesa y Armas. La tercera versión del programa de Integración Social y Territorial impulsada por los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) fue una demostración patente de esto.

Esto, porque 89 empresas -que abarcaron desde inmobiliarias hasta cooperativas- presentaron proyectos, cifra superior a la del año pasado.

El llamado, que se hace una vez al año, liberó cupos para 20 mil viviendas. Esta vez se presentaron 302 proyectos (281 el 2017), que totalizaron 51.273 unidades a lo largo del país.

Dentro de las entidades postulantes, lideraron la competencia Pacal, con 27 proyectos, seguido por Icuadra y Briosa, ambos con 11.

En el caso de la inmobiliaria Icuadra, si bien en la etapa de pre postulación y mesas de trabajo presentaron 14 iniciativas al concurso, en el transcurso desistió de tres proyectos, postulando finalmente 11, equivalentes a 2.500 viviendas, 403 casas y 2.097 departamentos.

“Respecto al año anterior, mantuvimos la cantidad de proyectos. En este llamado, privilegiamos profundizar en las regiones que ya estamos presentes, atendiendo a la demanda y a la buena experiencia que hemos tenido en esas comunas”, señaló Ignacio Schonherr, gerente inmobiliario de Icuadra.

“La gran apuesta en este llamado fue ampliarnos a la V y VI región, zonas donde queremos estar y hasta ahora no se habían dado las condiciones”, agregó Schonherr.

El gobierno estimó que estas 20 mil viviendas implicarán inversiones por unos $ 800 mil millones (US$ 1.247 millones).

De ellos, $ 311.000 millones (US$ 485 millones) corresponden a subsidios del Estado, $ 30.000 millones a ahorro de las familias (US$ 46.798 millones) y $ 455.000 millones a créditos hipotecarios (US$ 709.773 millones).

Además, este año se entregará un bono de integración social a los proyectos que presenten la mayor cantidad de cupos para familias vulnerables, que irán entre las 100 y 300 UF, es decir, entre $ 2,7 millones a $ 8,1 millones.

Y las empresas podrán acceder a un “préstamo de enlace”de 300 UF para contribuir al financiamiento de la obra.

Otra de las desarrolladoras que participó del llamado 2018 fue Conavicoop, una cooperativa que tiene más de 40 años de trayectoria en la construcción de viviendas bajo subsidio.

Para esta ocasión presentó un total de nueve proyectos en seis regiones diferentes, incluida la Metropolitana.

En los últimos dos años de concurso se han mantenido en la propuesta de 1.500 viviendas promedio.

“En construcción nosotros tenemos permanentemente 3 mil viviendas, entonces por eso nos interesó en este llamado particularmente, también postular un número de 1.500 y con eso mantenemos el nivel de actividad que hemos estado teniendo últimamente”, señaló Mauricio de la Barra, gerente general de Conavicoop.

El programa de integración está enfocado en familias de grupos vulnerables y medios con carencia de vivienda, mediante la ejecución de conjuntos habitacionales localizados en barrios consolidados e integrados socialmente, es decir, que no estén en la periferia y cuenten con acceso a transporte.

La política de integración social partió en 2015 a través del programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social, para luego establecerse como una política regular del ministerio.

Ambos programas, estima el Minvu, en cuatro años permitirán la construcción de más de 108 mil viviendas.

Esto resulta aún más relevante si se toma en cuenta que, semanas atrás, Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda, cifró en 393 mil el déficit habitacional de Chile.

"En los llamados anteriores se han presentado siempre entre 30 y 40 mil unidades"

El mercado de las viviendas subsidiadas cada vez toma mayor protagonismo. Para Rogelio González, presidente del comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), esto se explica gracias al momento clave que vivía la industria cuando el Ministerio de Vivienda creó el programa de integración social, pero señala que hay un obstáculo con la burocracia a la que se enfrentan habitualmente.
- ¿Qué hace que el negocio de viviendas con subsidio sea atractivo para las inmobiliarias?
- Hace cuatro o cinco años atrás, cuando había poca actividad, muchas empresas que en ese entonces estaban pasando apreturas en el negocio inmobiliario, postularon a este decreto y conocieron las bondades de trabajar en el ámbito de las viviendas con subsidio, ya que subió un poco el valor en comparación a lo que era antes.
- Y ahora que hay una reactivación económica, ¿cómo se explica esto?
- En los llamados anteriores se han presentado siempre entre 30 y 40 mil unidades, eso quiere decir que hay un stock de necesidad de las empresas de desarrollar este tipo de proyectos. También por eso hubo una gran postulación ahora, porque es lo que se viene acumulando de los que no se lo ganan, año a año. Es decir, van a quedar 25 mil proyectos listos y aprobados para el llamado del próximo año, más las empresas nuevas que entran.
- A su juicio, ¿cómo ha funcionado el programa?
- Ha funcionado bastante bien, por el concepto constructivo es muy limpio, pero tiene muchas trabas administrativas, demoras en los municipios y en los Serviu para revisar los proyectos. Estamos dentro de la burocracia natural de este país, pero que en este caso es muy sensible, porque si pasa mucho tiempo, la rentabilidad que es baja, se pierde, pero es una fuente de trabajo para muchas empresas que le han tomado la mano y están tratando de eliminar la burocracia que existe. Y afortunadamente este gobierno está revisando eliminar este doble papeleo.